Estas corporaciones colaborarán en las labores encomendadas a la Guardia Nacional hasta el 27 de marzo de 2024.
Desde ahora, los soldados y marines cuentan con lineamientos para realizar detenciones o asegurar bienes relacionados con algún crimen, preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia. Del mismo modo, se establece la posibilidad de que intervengan en operativos para la prevención del delito, participar en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales y puntos migratorios, así como colaborar con las autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el orden público.
Expertos consultados por Sputnik consideran que este acuerdo brinda certeza jurídica sobre la actuación que las Fuerzas Armadas han cumplido los últimos 20 años, algo que los Gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) no llegaron a concretar.
En específico, Oliva Posada se refiere al artículo 5º transitorio del decreto para la creación de la Guardia Nacional. En él, se establece que el presidente de la república tiene la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas durante los próximos cinco años para cumplir, de manera extraordinaria, con las tareas de seguridad pública en territorio mexicano.
"Este decreto otorga certeza jurídica a las Fuerzas Armadas, que no tenían, que es la parte buena de este acuerdo. Existe todavía en México una confusión en torno al rol que juegan las FFAA en materia de seguridad pública, cuando en los últimos 20 años han sido quienes han coadyuvado a las corporaciones policiacas", coincidió Juan Ibarrola, periodista especializado en las Fuerzas Armadas en México.
Por otra parte, Ibarrola advirtió que existen todavía algunos puntos grises que el Gobierno debe esclarecer en los próximos días. En particular, apunta a la aparente subordinación de militares y marinos al mando de la Guardia Nacional, institución adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
"Los transitorios de la ley de la Guardia Nacional ya prevenían que, hasta el final del sexenio, el Ejército se habría mantener en las acciones de seguridad, con el fin de coadyuvar a la Guardia Nacional en su proceso de construcción. Lo que sorprende es que profundiza y especifica algunas funciones que, en los artículos transitorios, quedaban en el entendido que eran las instituciones civiles quienes llevarían el liderazgo de ciertos temas", alertó Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
Rivas ha sido una de las voces más críticas sobre el tema, en particular hacia la decisión del Gobierno de López Obrador de desaparecer a la Policía Federal y crear la Guardia Nacional. Sobre las nuevas responsabilidades de las Fuerzas Armadas, opinó que se trata de acciones que, por una parte, buscan apaciguar la inquietud de los militares sobre su actuación en las calles, e igualmente, aplacar las críticas hacia la Guardia Nacional, dado el crecimiento de la violencia durante 2019 y los primeros meses de 2020.
"Crear una institución es tardado y caro, mientras menos tardado lo quieras hacer, más caro significa. No le han puesto los recursos necesarios y, el otro recurso, el tiempo, tampoco se lo están dando, porque la Guardia Nacional —sin formación y aspectos normativos propios— se encuentra operando en una parte importante del país. Me parece injusto juzgar mal a la Guardia Nacional, porque el tema es a la base: si no te enseñaron a hacer algo, no pueden pretender que hagas algo", examinó en entrevista con Sputnik.
Perspectivas sobre la actuación militar
Para analizar la intervención de las Fuerzas Armadas en México, es necesario dar un paso atrás en el tiempo. Si bien se atribuye a Felipe Calderón la amplificación del uso del Ejército en el combate al crimen organizado, en realidad es posible rastrear esta tendencia desde finales de la década de 1990.
En todos los casos los militares participaron en acciones para coadyuvar al combate al crimen, en particular en las zonas urbanas del país, donde la violencia comenzó a crecer desde la década de 1990.
"La premisa siempre fue falsa: el Estado echó andar al Ejército y por eso aumentó la violencia. No. La violencia había aumentado sin precedentes y el Estado uso al Ejército dado que, en ese entonces, la Policía Federal Preventiva (PFP) contaba con menos de 5.000 integrantes para todo el país, lo cual era insuficiente. Calderón utilizó al Ejército porque era lo que tenía", recordó Francisco Rivas.
A la par de esta estrategia, la administración de Felipe Calderón emprendió la transformación de la PFP en la Policía Federal, una corporación que serviría en la lucha contra la delincuencia organizada. Este cuerpo policiaco llegó a contar con más de 45.000 elementos, pero al final del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la falta de recursos llevó a reducir su fuerza a menos de 38.000 efectivos.
Pero, de manera similar, "la PFP se creó en 1999 con brigadas de la policía militar, de migración, fiscal y federal de caminos. En 2009 desaparece, se crea la Policía Federal y se cuadruplica su pie de fuerza. Diez años después se suprime y se crea la Guardia Nacional" con elementos de las Fuerzas Armadas, recordó Javier Oliva Posada.
El profesor e investigador de la UNAM considera que todo este trayecto explica las dificultades que existen para consolidar un cuerpo civil capaz de combatir al crimen en México.
"Una institución tan importante, con una responsabilidad clave para el desarrollo del país, si la cambias cada 10 años difícilmente van a madurar. Por eso, en el decreto constitucional de marzo del año pasado se estableció que por los próximos 5 años las Fuerzas Armadas van a estar en labores de apoyo, como han estado desde el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) con el operativo México Seguro", comentó.
Para Juan Ibarrola, esta misma situación explica que López Obrador esté recurriendo a los militares para dar forma a la Guardia Nacional.
"Las Fuerzas Armadas son el último recurso del Estado, o de cualquier país, para atender amenazas. Desafortunadamente, en México, las Fuerzas Armadas son el último recurso que se tiene para enfrentar la amenaza de la seguridad. Más que positivo o negativo, son necesarias. Las Fuerzas Armadas están habilitadas para poder coadyuvar en este combate a la delincuencia, y no solamente con Guardia Nacional, sino también con todas las instancias de seguridad que se están armando en todos los estados y municipios", destacó.
Aunque diversos sectores han reprochado al presidente el giro en su promesa de campaña para retirar al Ejército de las calles, Ibarrola y Oliva Posada concordaron en que la decisión del Gobierno para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas es coherente con la demanda de seguridad de la población.
oposición, pero también es una muestra de sensibilidad. Demuestra que es capaz de cambiar de opinión, a diferencia de lo que muchos críticos hablan de él. Lejos de que me parezca algo criticable, muestra cierta sensibilidad y anuencia a escuchar voces diferentes y adoptan esta modificación ante un problema determinado", consideró Javier Oliva Posada.
Juan Ibarrola agregó que, a la par de la participación del Ejército en esa labor, es importante discutir el papel que juegan los estados y municipios en el combate al crimen. En el pasado, los militares han recuperado espacios ganados por la delincuencia que las autoridades civiles han perdido, un aspecto que no ha sido discutido a profundidad hasta este momento.
"Las Fuerzas Armadas no actúan por un impulso o ideología política. En sus misiones orgánicas está el fortalecimiento de la seguridad interior en el país. Y este problema que tenemos hoy en día en México ya escaló de ser un problema de seguridad pública a un problema de seguridad interior. Regularmente estos problemas se convierten en amenazas de seguridad nacional, entonces esto es lo que da ese sustento jurídico a lo que están haciendo las Fuerzas Armadas y a lo que está haciendo el presidente", concluyó.
