"La minuta enviada al Senado busca perpetuar la militarización de la seguridad y la vida pública, constitucionalizándola; en lugar de avanzar en el camino que organismos nacionales e internacionales, cientos de organizaciones y expertos han recomendado para construir el modelo de seguridad que el país necesita", dijo el colectivo en el proyecto enviado al Congreso.
La discusión pública "ha estado marcada por la simulación y la distorsión entre lo que está en la minuta legislativa y el discurso público", denunciaron los expertos.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador envió una Estrategia Nacional de Seguridad al Senado que "establece claramente que el mando operativo, la jerarquía, disciplina, capacitación y nombramientos de la nueva institución sería militar", reseñaron.
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El fuero militar, la capacitación y mando operativo a cargo de la cartera federal de la Defensa así como un artículo transitorio que permitiría que las fuerzas armadas continúen desplegadas en las calles por tiempo indefinido en labores de seguridad pública, tal y como hoy lo hacen, "son algunos de los elementos más peligrosos de lo que se podría aprobar en los próximos días", alerta el colectivo que aglutina unas 300 organizaciones y expertos en todo el país.
Seis mandatos de la ONU han expresado que esa ley "daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizado".
La propuesta alternativa
La alternativa de dictamen busca que la creación de la Guardia Nacional asegure que se trata de una institución civil.
La nueva iniciativa ciudadana se basa en un fallo de la Corte Interamericana de DDHH que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de tres personas a cargo de elementos del Ejército, en el llamado "Caso Alvarado".
Cualquier decisión sobre el uso de las Fuerzas Armadas "debe darse dentro del marco constitucional vigente", insisten, al reseñar la "grave omisión" de no convocar a víctimas que han padecido los excesos de las militares en los años que lleva la "estrategia fallida".
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La mencionada iniciativa legislativa que discutirá el Senado ya fue aprobada por la Cámara de Diputados con más de tres cuartas partes requeridas para reformar la Constitución y autorizar a los militares acciones de seguridad pública.
Pero un fallo de la Suprema Corte de Justicia denegó el año pasado una Ley de Seguridad Interior promulgada en diciembre de 2017.
En 12 años de guerra frontal contra el crimen organizado han perdido la vida en forma violenta más de 200.000 personas, hay más de 40.000 desaparecidos, 28.000 cadáveres sin identificar y 1.100 fosas clandestinas, según datos oficiales del nuevo Gobierno.
