Aproximadamente un millón de familias en España, un 50% de ellas con niños, no tiene cómo sustentarse y la pandemia los ha dejado en mayor estado de vulnerabilidad.
El ingreso mínimo vital, que le costaría al Estado unos 5.500 millones de euros anuales y que atenderá a unos 3.000.000 de ciudadanos, es un instrumento que ya estaba establecido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Su pronta implementación ha provocado que partidarios y detractores de esta medida se pongan en la primera línea de combate.
La renta mínima, un lujo que España no puede permitirse https://t.co/PPPFuwQ9ZL ✍ Por Yolanda Gómez
— ABC.es (@abc_es) April 19, 2020
— Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) April 16, 2020
Sobre este tema, Sputnik conversa con el economista Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico del movimiento internacional Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC).
—¿Por qué es importante garantizar un ingreso mínimo vital para las familias más vulnerables durante y después de la pandemia del COVID-19?
—Es un acto de justicia que tiene que ver con la solidaridad, con la humanidad, con la ética para así garantizar que todas las personas que no hayan tenido acceso a un empleo, porque las políticas económicas que se realizan no se lo han permitido, puedan tener un ingreso que les permita tener una vida digna, mínimamente digna.
—Si resulta tan humanamente lógico ¿Por qué tanto debate? ¿Por qué dicen que su implementación es el "triunfo de la tesis bolivariana de Pablo Iglesias que conducirá a España al comunismo"? ¿Por qué el expresidente José María Aznar rechazó de tajo su implementación?
—Porque lo único que buscan es debilitar al Gobierno por cualquier vía, así sea por la vía de la mentira o de la difamación. La renta mínima existe en todos los países miembros de la Unión Europea, en todos. Y la renta mínima existe en las 17 Comunidades Autónomas de España, muchas de ellas gobernadas por el propio partido del señor Aznar, el Partido Popular. Por lo tanto, no tiene otra respuesta que es que el señor Aznar no tiene vergüenza.
—Quienes se oponen argumentan que este tipo de ayudas desincentiva la búsqueda de empleo de los más pobres.
—¿Usted cree que con una ayuda de 500 euros la gente va a dejar de trabajar? No lo creo. Es posible que alguna persona lo haga, pero eso son fenómenos muy puntuales, porque la mayoría busca sacar adelante a una familia y para tener un poco de desahogo o confort se necesitan más de 500 euros. La gente en todo el mundo busca trabajo, la gente se esfuerza, la gente quiere trabajar, la gente quiere empleos, dignos, con salarios decentes. ¿Si no se desincentivan los directivos ganando millones, se van a desincentivar los pobres por ganar 500 euros?
— El rescate bancario le costó a España 60.000 millones de euros ¿Cómo se entiende que ese rescate no haya provocado un debate tan intenso como el de ahora cuyo ingreso mínimo vital para tres millones de ciudadanos le costará al Estado unos 5.000 millones de euros?
—Porque hay personas y políticos que están al servicio de esos intereses y lo que tienen es una avaricia, un deseo de concentrar riquezas de manera ilimitada, lo quieren todo para ellos.
—El acuerdo de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos, que se presentó el 30 de diciembre de 2019, ya establecía un ingreso mínimo vital ¿por qué? ¿Cuál fue la situación social que se heredó?
—Heredaron, como muchos otros países, una situación que venía de una crisis enorme a partir del año 2008, a la cual se le hizo frente con políticas que, en España particularmente, aumentaron la pobreza y la desigualdad más que en otros países europeos. Aunque en los últimos años se había ido mejorando un poco la situación, nos encontramos todavía con un millón de personas desempleadas, que no tienen ningún tipo de ayuda. Lo que se plantea este Gobierno es hacerle frente, ponerle un poco de orden a la maraña de ayudas que hay en las diferentes Comunidades Autónomas y hacer lo que se ha hecho en otros países de Europa porque se tiene un compromiso con las personas que más necesitan ayuda.
—¿Tendrá capacidad el Gobierno para asumir estas medidas de protección social en medio de un escenario económico tan complicado, como lo prevé el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España, con una caída del PIB de entre 6 y 13%?
—Las medidas económicas que hay que tomar para garantizar estas ayudas se pueden financiar perfectamente, solamente que hay que elegir si se recurre a la deuda, a mecanismos extraordinarios.
—Desde el Congreso de los Diputados, partidos como Compromís y Más País han propuesto el impuesto COVID-19 a los más adinerados ¿Qué opina de esta propuesta? ¿Es viable?
—Mi opinión es que en España, como en otros países, más que aumentar los impuestos lo que hace falta es se paguen los que ya existen, porque la realidad es que hay una gran evasión fiscal. Hay muchos grupos sociales que tienen la posibilidad de evadir, de no pagar lo que les corresponde. Si hubiera un mayor cumplimiento de la legislación fiscal y un mejor cumplimiento de las obligaciones de todos, se podría obtener un mayor ingreso fiscal sin necesidad de aumentar los impuestos. Al mismo tiempo que digo eso, resulta que el mundo está cambiando y que las actividades que antes tenían menos presencia ahora tienen más, y viceversa, y que haría falta que hubiera nuevas fórmulas impositivas, por ejemplo, sobre las transacciones financieras, que hoy en día son más de cien veces mayores que el comercio real y que están prácticamente exentas de cualquier tipo de tasación.
—Hay quienes dicen que en momentos como estos hay que dejar de pagar la deuda y destinar esos recursos a atender a los ciudadanos ¿Qué cree que deba hacer España con su deuda?
Yo tengo la completa seguridad de que, antes o después, nos vamos a tener que enfrentar a una situación de ese tipo.