"En mérito de la prueba actuada en la audiencia de juicio, resuelve lo siguiente: 1. Declarar la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado (…) Declarar la culpabilidad de los procesados RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO y JORGE GLAS ESPINEL, en calidades de autores mediatos, por instigación, conforme el artículo 42 CP [Código Penal]", dice la sentencia.
La sentencia añade que para Correa, Glas y otros exfuncionarios se determina "las penas privativas de libertad de 8 años, a cada uno de ellos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 287 CP [Código Penal]".
Correa reside en Bélgica, y Glas está actualmente en prisión por corrupción relacionada al caso Odebrecht en Ecuador.
También fueron sentenciados a 8 años de prisión:
- El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera;
- La exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte;
- El exsecretario del Agua, Walter Solís;
- El exsecretario general de la Administración, Vinicio Alvarado;
- La exgobernadora de Guayas (oeste);
- Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri, como autores materiales.
Correa estaba acusado de ser la cabeza de una estructura criminal que recibía sobornos de empresarios para financiar campañas de su partido Alianza País y a cambio otorgaba contratos de obra pública.
Según la fiscal Diana Salazar, en la cúspide de la estructura criminal estaba Correa y a partir de ahí sus funcionarios ejecutaban las órdenes que daba.
Salazar dijo en el proceso que entre 2012 y 2016 esa estructura delictiva recaudó un monto superior a 7,5 millones de dólares: 6,5 millones por el mecanismo de cruce de facturas y 1 millón de dólares en efectivo.
El juez ponente del caso, Iván León, señaló este 7 de abril que las pruebas presentadas durante la audiencia permitieron probar que los sobornos entregados fueron reportados al nivel jerárquico superior de la organización, es decir a los entonces presidente Correa y vicepresidente Glas, según un comunicado de la Fiscalía.
La sentencia ordena, como reparación integral al Estado, la publicación del texto en tres diarios de circulación nacional y el decomiso de bienes inmuebles de los sentenciados.
El tribunal señaló que la resolución suspende los derechos políticos de todos los sentenciados por un lapso de 25 años, lo que debe ser notificado al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Correa ha negado insistentemente los cargos y se ha declarado perseguido político.
Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas.
— Rafael Correa (@MashiRafael) April 7, 2020
Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años.
De tu voto depende que esta pesadilla acabe. https://t.co/TSo83MICa4
La legislación ecuatoriana determina que el delito de cohecho no prescribe y puede ser juzgado en ausencia de los acusados.
Correa tiene varios procesos judiciales pendientes en su país, incluida una acusación de ordenar el secuestro de un opositor en la capital colombiana, que ameritó un pedido de prisión preventiva.
En agosto de 2019, Correa dijo a Sputnik desde Bélgica que los juicios que enfrenta en su país son para evitar que participe en las elecciones de 2021.