En su informe trimestral de labores, el presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador, se mostró entusiasta respecto del papel que México está llevando frente a la pandemia de COVID-19 y afirmó que su Gobierno no dejará de lado la política de "austeridad republicana" que ha sido su sello personal desde la campaña electoral de 2018.
Así lo han anunciado incluso los Gobiernos conservadores del continente americano, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se vio obligado a anunciar la instauración de un proyecto de renta mínima universal llamado "corona-voucher" que implica la transferencia directa de 600 reales (medio sueldo mínimo) a trabajadores informales y de 1200 reales a madres solteras durante tres meses, a 54 millones de brasileños.
"El Gobierno mexicano tiene una política de ahorro fiscal y no está teniendo una partida específica de apoyo directos a quienes no tengan trabajo, no puedan trabajar o que lo hayan perdido por el cierre de sus fuentes laborales; por otro lado, existe la posibilidad en los códigos penales locales y el Federal de encarcelar a la gente que esté rompiendo el resguardo voluntario pedido por el Gobierno", señaló a Sputnik, Andrea García, politóloga mexicana y experta en relaciones laborales.
La estrategia mexicana
García señaló que México vive "un problema muy grave" con múltiples aristas entrelazadas y desestabilizadas en ámbitos de salud, economía y trabajo.
Los anuncios hechos por el presidente López Obrador el domingo 5 de abril refirieron a las políticas sociales que el Gobierno ya tiene instaladas —como la pensión universal para adultos mayores o para niños con discapacidad — pero no se anunció algo específico ante la coyuntura de la cuarentena por la pandemia, que en México es voluntaria y se extenderá durante el mes de abril, en que las autoridades locales esperan que se de el pico de contagios.
La emergencia sanitaria decretada el 30 de marzo por el consejo técnico del Gobierno mexicano, encabezado por el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, pidió el resguardo voluntario y ordenó la suspensión de actividades de los sectores no estratégicos de la economía.
"El gran problema con esta declaratoria está en el tema laboral", apuntó Garcia.
"La autoridad sanitaria ha dicho que no hay motivo para suspender las relaciones laborales, que se tiene que pagar el salario íntegro a los trabajadores", señaló García quien agregó que la titular de la Secretaría de Trabajo, María Luisa Alcalde, anunció tras la emergencia que no hay fundamento legal para despedir a la gente, que las empresas que tenían que parar por no ser esenciales o de sectores estratégicos deben pagar el salario completo a sus trabajadores con bonificaciones y otros beneficios por productividad.
El problema con este anunció abrió la posibilidad de negociar entre patrón y trabajador la posibilidad de reducir el salario "en beneficio de la viabilidad económica de la empresa".
"Esto ha generado un gran problema porque en la práctica, en muchos centros de trabajo que tienen representación sindical (tanto democrática, como no democrática) están haciendo acuerdos colectivos dónde se reduce el salario de las personas, incluso al 50%, se acuerda el no pago de ciertas prestaciones y bonos, lo cual está teniendo un impacto real en la economía de las personas trabajadoras", sostuvo García.
Esto aumenta las dificultades para poder mantenerse en casa de los trabajadores del sector formal de la economía, que son la mitad de la población económicamente activa.
Lo que reclama una parte de la sociedad civil es que se establezcan transferencias directas a quienes no pueden trabajar o han perdido su empleo por la pandemia; mediante la implementación de un seguro de desempleo o una política de ayuda a microempresas que manifiesten no poder cumplir con el pago del salario de sus trabajadores durante los 30 días de abril 2020.
