"Entendemos que este es el mecanismo más antidemocrático para procesar discusiones que van a cambios estructurales, de hecho son varios proyectos de ley dentro de uno solo, con plazos muy exiguos, con limitadísima participación y habilitación de espacio de debate, incluso dentro del propio parlamento", opinó Olivera sobre el proyecto, que está previsto que ingrese el 16 de marzo al Parlamento.
La Fenapes realiza este 12 de marzo un paro de 24 horas en Montevideo, el primero durante el Gobierno actual, que asumió el 1 de marzo, y movilizaciones en el resto del país, sin paralización de actividades.
La movilización tiene el fin de informar a los profesores acerca del proyecto de ley, que incluye un capítulo especial para la educación, indicó Olivera.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 14, 2020
El proyecto de ley de urgente consideración es la prioridad del Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou (centroderecha), según lo ha manifestado desde la campaña electoral del año pasado.
Cuatro problemas
En este proyecto, que tiene 457 artículos, se plantean cambios en temas como seguridad, educación, economía y empresas públicas, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social, salud y vivienda.
Olivera cree que en materia de educación el proyecto tiene "cuatro problemas que hay que atacar: uno es el de la eliminación de la autonomía del ente autónomo ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], que está consagrada por la Constitución, porque hay una pretensión de transformar al Ministerio de Educación en el organismo rector del sistema educativo".
Sin embargo, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, dijo que "se desarrollará una nueva manera de entender el relacionamiento de los diferentes órganos que tienen que ver con la enseñanza" y aseguró que la "autonomía de la educación va a ser respetada", consignó la presidencia de la República el 2 de marzo en un comunicado.
Ese artículo figura en el proyecto de ley que fue presentado en enero pasado públicamente y a los partidos que integran la coalición de Gobierno, por parte del presidente Lacalle Pou.
Sin embargo, el proyecto ha sido discutido entre el Gobierno y la coalición y modificado, aunque dichos cambios no se han dado a conocer.
Actualmente la ANEP, ente autónomo con personería creado por la Ley Nº 15.739 del 28 de marzo de 1985, "es el organismo estatal responsable de la planificación, gestión y administración del sistema educativo público y formación en educación terciaria en todo el territorio uruguayo", indica el organismo en su web.
El presidente de Fenapes añadió que el segundo elemento con el que discrepan de la iniciativa "tiene que ver con la desaparición del sistema nacional de educación pública, que pasaría a ser meramente nominado organización del sistema educativo".
Olivera considera que eso "es barrer con las fronteras entre lo público y lo privado, pero sobre todo [es la] renuncia del Estado a asumir su responsabilidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación".
El tercer punto, indicó, "tiene que ver con la participación; esta centralización del poder, este proceso de apertura al sector privado, viene acompañado de la eliminación de algunos actores y representaciones sociales de los ámbitos de decisión y la habilitación de otros, que provienen del sector privado".
"El cuarto elemento es la reforma laboral encubierta que tiene el proyecto que va desde la eliminación de la libertad de cátedra, los cambios en las condiciones de trabajo, la forma de contratación, la forma de ascenso o de carrera funcional, hasta la necesidad para mantener la fuente de trabajo de adherir a un proyecto o a una metodología de trabajo", agregó.
En el artículo 138 del proyecto de ley de urgente consideración se estipulan los requisitos para ejercer los cargos docentes.
Entre otras cosas, la iniciativa prevé que "el sistema de concurso será de precepto para ocupar en efectividad cualquier cargo docente, así como será obligatorio para el ingreso y ascenso del personal administrativo".
El proyecto de ley ha generado diferencias entre los partidos integrantes de la coalición de Gobierno.
Lacalle Pou anunció el fin de semana que el 16 de marzo los ministros firmarán el proyecto de ley de urgente consideración con "mejoras", aunque no precisó de qué se tratan esos cambios.
En caso de que la Cámara Baja no realice modificaciones, el proyecto pasa a la Asamblea General (diputados más senadores), donde el texto se discutirá durante diez días.
Si no hay pronunciamiento pasados esos diez días, el proyecto se considerará sancionado "en la forma en que lo votó la última cámara que le prestó expresa aprobación", según el artículo 168 de la Constitución.
