"Tenemos que ganar la batalla por el sentido común; eso supone hablar con los partidos políticos, con las organizaciones sociales y con el feminismo para construir un arco social que permita que en determinado momento, si es necesario, podamos consultarle a la ciudadanía y frenar esta ley que implica retrocesos a los derechos de los trabajadores", dijo Pereira.
La propuesta generó rechazo de movimientos sociales y del hasta ahora gobernante Frente Amplio (centroizquierda), que señalan que implica un retroceso en diversas áreas.
Un proyecto de ley de urgente consideración debe ser aprobado en 90 días en el Parlamento; en caso de que las cámaras no completen el proceso en ese lapso, la iniciativa puede resultar sancionada de hecho.
Para el dirigente sindical existe una "disputa" con el Gobierno electo por el "sentido común" y afirmó que en los próximos meses la dirigencia sindical procurará que la mayor parte de los uruguayos lleguen a apreciar que esta ley recorta derechos de las personas.
Consultado sobre si era posible que el nivel de conflicto social aumentara con la asunción del próximo Gobierno señaló que eso dependerá de las políticas que impulse la administración de Lacalle Pou.
"No elegimos al Gobierno, lo elige la sociedad entera; lo que primó ahora es el relato de un cambio, nosotros le advertimos a la sociedad que ese cambio era negativo y conservador; no toda la oposición es conservadora, pero que buena parte de ella lo era ya que defiende posiciones que no benefician a los trabajadores, esto lo estamos viendo en la práctica misma", expresó.
Razones en contra
Pereira consideró que el proyecto limita el derecho a huelga, lo que significa una "embestida brutal" contra los trabajadores.
"No puede haber ofensa más grande para un sindicato que limitar el derecho a huelga, con lo cual el Gobierno puede entender que hay que eliminar una huelga de transporte porque el trabajador de telecomunicaciones no puede llegar a su lugar de trabajo", agregó.
En el proyecto de ley se afirma que "toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a entrar en los locales de la empresa".
Además, sostiene que el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a la huelga cuando no cumpla con las condiciones establecidas.
Por otro lado, el proyecto plantea la "desmonopolización" de la importación, exportación y refinación de combustibles
Para el cumplimiento de estas actividades, la empresa estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) "podrá constituir una sociedad comercial", que actuará "bajo los mecanismos de contralor regulados" en la ley de sociedades anónimas con participación de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
Desmonopolizar actividades de estas empresas (que se dedican a rubros como energía, electricidad, combustibles, etcétera) no genera mejores condiciones para la economía sino todo lo contrario, ya que implica un aumento de las tarifas y un "peor servicio".
Pereira dijo que la ley de urgencia por la velocidad de su tratamiento carece de "calidad democrática", ya que no se consulta con expertos ni con organizaciones sociales.
Futuras acciones
Lo primero que la central sindical va a hacer es analizar la ley y mantener un diálogo con el Gobierno para cambiar los aspectos "más regresivos", dijo Pereira.
"En caso de que no prospere, vamos a movilizarnos para que la ley no se vote en el Parlamento; si esto no prospera, todas las medias están arriba de la mesa, incluyendo la consulta popular", expresó.
Pereira opinó que el "ajuste conservador" siempre lo pagan los trabajadores y señaló que la central sindical va a evitar que eso pase.
"Vamos a evitar que eso pase, ¿esto es no aceptar la legitimidad del Gobierno? Claro que no, pero nosotros defendemos a los trabajadores", expresó.
El nuevo Gobierno asumirá el 1 de marzo, tras 15 años de administraciones del Frente Amplio.
