Isa Serra es una activista y dirigente política española que con apenas 30 años de edad ha participado en varios de los eventos políticos y sociales que han marcado la historia reciente de España. Con apenas 22 años se lanzó a las calles para participar en el Movimiento 15M, o también conocido como el Movimiento de los Indignados, que exigió a lo largo y ancho del país, mayor participación, más justicia social y menos poder en manos de banqueros y corporaciones, "democracia real", gritaban ellos.
Isa Serra, ahora diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid se enfrenta a la justicia de su país. En 2018 se le acusó de provocar desórdenes públicos y liderar acciones violentas contra la policía cuando el 31 de enero de 2014 vecinos del barrio Lavapiés intentaron frenar el desahucio de Antonio, un hombre con discapacidad que no tenía más alternativa de vivienda.
La Fiscalía pide para Serra 23 meses de cárcel y 5.250 euros de indemnización. A pocos días de conocerse la sentencia y dar a luz a su primer hijo, Isa Serra conversa con Sputnik sobre la causa que enfrenta y sobre el problema de la vivienda que hay en España.
—¿Qué fue lo que pasó aquel 31 de enero de 2014 en Lavapiés?
El día 31 de enero hace ya seis años, yo me pasé un rato por un desahucio que había en mi barrio, en Lavapies, donde se desalojó a una persona con discapacidad, con una enfermedad crónica, a quien no solo se le desahució, sino que se le detuvo. Fue un hecho dramático que generó una situación de tensión y de violencia, tanto de la policía como de algunas personas que estaban en ese desahucio. Lo que hizo la policía a partir de ese momento fue ir a por las personas a las cuales se nos conocía por participar en los movimientos sociales.
—¿Qué pruebas has presentado tú para defenderte?
En el juicio ha quedado muy demostrado que no solo son acusaciones falsas en mi contra, sino que lo que hizo la policía fue señalar a personas y activistas sociales de agredir a la policía.
—Cuando hablas de intereses políticos a quiénes te refieres ¿quiénes pudieran estar detrás de las acusaciones en tu contra?
Yo creo que cuando hay condicionamientos políticos los hay por varias razones. Está claro el fallo de identificación de la policía, porque no fue que me detuvieron ese día, sino que me identificaron veinte días después. Buscan señalar a personas que hemos sido activistas de movimientos sociales. Yo participaba en el movimiento por la universidad pública, en el movimiento feminista, en el 15M y a partir de ahí la policía concluye que yo soy una de las personas que ha agredido. Lo dicen sin ninguna prueba, solo por haber sido activista social.
—A Isa Serra se le juzga por frenar un desahucio, a raperos por sus letras, a actores por “cagarse en Dios”, como en el caso de Willy Toledo. ¿qué está pasando con la justicia de España?
Yo creo que no pasa de ahora. El ejemplo de que haya personas como Willy Toledo estén declarando por una denuncia por haber insultado a la Virgen o que yo por manifestarme pacíficamente frente a un desahucio haya tenido que ir a juicio, pues es la demostración de que queda mucho que hacer en este país para que la institución judicial funcione de acuerdo a los intereses de la mayoría y no de acuerdo a intereses políticos.En los 40 años que llevamos de democracia ha habido muchos cambios institucionales, insuficientes, en la mayoría de ellos, pero donde más hace falta la evolución y avanzar hacia una institucionalidad democrática es en la justicia.
—Pero, precisamente es en la justicia donde se ve el mayor bloqueo. El Partido Popular se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que tiene un año en funciones, porque justo ahí tienen mayoría?
Eso es lo que estamos denunciando desde hace mucho tiempo, y es que el Partido Popular ha tratado siempre de controlar la justicia, utiliza la justicia para atacar derechos políticos, civiles y sociales, y ahora lo que están haciendo es utilizar su fuerza parlamentaria para bloquear la renovación de la justicia, precisamente porque no quieren que responda al interés conjunto de la ciudadanía y por eso van a tratar de controlarlo hasta donde puedan.
—La vivienda y los desahucios son uno de los principales problemas de España ¿cómo se llegó hasta esta situación?
Fundamentalmente, desde la crisis económica de 2008 y la implementación de políticas de austeridad que vinieron después por parte de organismos internacionales y de los gobiernos de nuestro país. A partir de ahí se creó un drama social que continúa hasta el día de hoy. Solo en la Comunidad de Madrid hay 17 familias que son desahuciadas diariamente y en un 80% de esos desahucios se ven afectados niños, niños que no tienen alternativa habitacional y que desde luego se vulneran todos sus derechos.
—La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insiste, y lo volvió a repetir en su reciente reunión con el presidente Pedro Sánchez, en la necesidad de legislar para regular el precio de los alquileres. Sin embargo, el Banco de España ha dicho que eso podría tener efectos adversos y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dicho que el ejemplo de la regulación en Berlín no está siendo tan exitoso. Calviño insiste en aumentar la oferta en el Plan de Vivienda ¿cuál crees que sería la solución habitacional para este país?
El acuerdo de gobierno que se ha firmado entre el PSOE y Unidas Podemos establece medidas que son prioritarias respecto a solucionar el drama de la vivienda, y no son todas las que habría que hacer porque no es el programa de Unidas Podemos, sino que es el programa que hemos podido consensuar en una situación de minoría dentro de un gobierno, pero sí pone como prioridad regular los precios de los alquileres.
Se pueden tomar medidas para aumentar la oferta de viviendas, pero desde luego que esto implica que se permita a los ayuntamientos y comunidades autónomas que pongan un tope a las subidas de los precios del alquiler.
—También se ha barajado la propuesta del entonces llamado Ministerio de Fomento de ceder terreno público a fondos de inversión privada para la construcción de viviendas de alquiler asequible. ¿Estás de acuerdo?
No, desde luego que no estoy de acuerdo. Creo que lo que tiene que hacerse es vivienda 100% pública y que todo lo que ha sido de regalar vivienda pública a fondos privados sea revertido.
—¿Cual sería entonces la solución?
Hay que ampliar el parque público de vivienda, eso es fundamental. En la Comunidad de Madrid se ha hecho todo lo contrario. En el año 2013 se vendió vivienda de la agencia pública a fondos buitres como Goldman Sachs. Hace dos meses hubo una sentencia que dijo que es venta (de Ana Botella e Ignacio González) fue fraudulenta y que esa venta no se puede tener en cuenta. Es decir, que esas viviendas pasan a ser públicas de nuevo y así lo tiene que asumir el gobierno. Sin embargo, lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular es llevar a los tribunales de nuevo esa sentencia para que no se aplique.
—Ustedes pasaron de indignados al poder ¿creen que podrán traer soluciones a los problemas sociales que viven españoles?
Hay que asumir los límites de un gobierno en el que estamos.
