"En vista de hechos ilícitos y prácticas corruptas expresamente reconocidos por el Grupo Odebrecht en relación con el Proyecto GSP, el cual es el objeto de la demanda arbitral de OLI Lux, y mientras no se determine de forma certera el alcance de tales hechos y prácticas, no puede la Comisión Especial aceptar la propuesta de OLI Lux", informó el Gobierno en un comunicado.
La Comisión Especial es el órgano multisectorial encargado de representar al Estado en controversias internacionales de inversión.
El Gobierno peruano no sólo se niega a participar de la iniciativa de OLI Lux, sino que también afirma que, contrario a lo dicho por la constructora, esta no agotó todas las vías para buscar una solución amistosa.
"OLI Lux, a pesar de haber indicado que desplegó todos sus esfuerzos para que las partes puedan alcanzar acuerdos que permitan resolver sus diferencias, en ningún momento luego del año 2017 (año en el que presentó la Notificación de Disputa) se comunicó con la Comisión Especial (...) para buscar una solución amistosa a la disputa", expresó.
Por esta razón, dijo, "no es posible aceptar negociar con una empresa que utiliza medidas de presión en contra del Estado".
Asimismo, la Comisión Especial afirma que no dará declaraciones "sobre el curso del arbitraje", habiendo dejado su defensa en manos del estudio de abogados estadounidense Arnold & Porter.
