"Como funcionario público tengo el deber y la convicción personal que esta demanda arbitral no va a prosperar porque estamos sólidamente convencidos de la argumentación que llevó al Estado peruano a que se vea en la obligación de determinar la resolución de este contrato (del proyecto Gasoducto Sur Peruano)", dijo Zeballos en conferencia de prensa.
El miércoles 5 trascendió que la constructora brasileña inició un proceso de demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de dirimir en conflictos entre privados y estados relacionados a inversiones.
El Gobierno peruano canceló el contrato por indicios de actos corrupción en la obra.
"El consorcio tiene tres integrantes Graña y Montero, Enagás y Odebrecht. La primera ha asumido su responsabilidad y el estado situacional de la investigación, de orden procesal penal, está poniendo de manifiesto evidencias concretas de graves hechos de corrupción. Resulta irónico que a pesar de estos hechos, (Odebrecht) tenga todavía la frescura (descaro) de acudir a un arbitraje", protestó el primer ministro.
Odebrecht afirma que la demanda tiene por objetivo recibir dinero del Estado peruano para cumplir con los compromisos con acreedores y aseguradores a quienes acudió para la realización de la obra.
