La CIDH informó en un comunicado este 19 de febrero que presentó a la Corte IDH "el Caso 13.392, Familia Julien-Grisonas, respecto de Argentina".
La Comisión observó la ausencia "de una adecuada investigación, sanción y reparación por estos hechos", que se extendieron contra los hijos de la pareja, Anatole y Victoria, al ser separados de su madre y enviados de manera clandestina primero a Uruguay y después a Chile.
"Mediante este caso se develó por primera vez el plan sistemático de apropiación de niñas y niños recién nacidos o de corta edad, luego que sus progenitores eran desaparecidos o ejecutados", reveló la CIDH.
El caso también se considera emblemático por mostrar las graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura argentina en el contexto de la Operación Cóndor, consideró la CIDH en alusión al plan que idearon las dictaduras militares del Cono Sur de América en las décadas de 1970 y 1980 para perseguir y asesinar opositores.
El matrimonio fue secuestrado el 26 de septiembre de 1976 por medio de un operativo policial y militar que llevó a cabo la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Policía Federal y el Ejército en la casa de la familia, situada en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.
"Mario Roger Julien Cáceres, de nacionalidad uruguaya, se había refugiado en Argentina por motivos políticos en 1973 a consecuencia del golpe de Estado en Uruguay", contextualizó la Comisión.
Victoria Grisonas, que fue detenida junto a su pareja, fue conducida a uno de los centros clandestinos de detención que utilizó la Operación Cóndor, el centro Automotores Orletti (Orletti), donde fue torturada y después desaparecida, sin que se conozca su paradero hasta el momento.
Niños abandonados
Sus hijos Anatole y Victoria, quienes tenían cuatro años y 16 meses, fueron llevados al centro Orletti antes de ser trasladados a la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) de Montevideo, donde permanecieron hasta diciembre de 1976, cuando fueron enviados a Valparaíso, en Chile, y abandonados en la plaza O'Higgins.
La pareja de hermanos fue localizada en julio de 1979 gracias a la búsqueda de la abuela paterna, de modo que Anatole y Victoria se convirtieron en los primeros niños desaparecidos recuperados mientras todavía regían las dictaduras del Cono Sur.
"Durante más de 18 años, la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia debida provocó una situación de total impunidad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la familia Julien- Grisonas", constató la CIDH.
Tras la anulación y declaración de inconstitucionalidad de estas leyes en 2005, comenzó una investigación penal a partir de la cual en 2013 se confirmó la condena contra cuatro exagentes de la SIDE a penas de prisión perpetua, y de 25 y 20 años, por los delitos cometidos en Orletti, entre ellos por la privación ilegal de la libertad y tormentos de Grisonas.
La Comisión sostiene que tanto Julien como Grisonas fueron víctimas de desaparición forzada, la cual se vio agravada en el caso del uruguayo por ser una persona refugiada, mientras que la mujer también sufrió el delito de torturas.
"A la fecha, su hijo e hija no han tenido acceso a sus restos mortales de manera que tengan certeza de cuál fue su destino y, conforme a la jurisprudencia interamericana, este es el elemento que distingue la ejecución extrajudicial de la desaparición forzada", alegó la CIDH.
Anatole y Victoria también fueron víctimas de desaparición forzada durante tres años, hasta que recobraron su identidad y se reestablecieron sus filiaciones biológicas, además de ver vulnerados otros derechos relacionados con la identidad, los derechos a la familia, al nombre, a la vida privada y a la nacionalidad, añadió el organismo.
Violación de garantías
En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado argentino violó "los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de las víctimas por no haber aún sancionado a los responsables de la desaparición forzada de Mario Julien y de la tortura y desaparición forzada de los hermanos Anatole y Victoria, ni haber establecido el destino y paradero de Victoria Grisonas y Mario Julien".
El Estado argentino también es considerado responsable por entorpecer la búsqueda de justicia por medio de las leyes de Punto Final y Obediencia debida, y por la tipificación tardía de la desaparición forzada.
En su informe, la CIDH recomendó al Estado argentino:
- Investigar el paradero de la pareja;
- Indagar en todas las violaciones a los derechos humanos que sufrió la familia;
- Reparar estas vulneraciones tanto de manera material como moral, "incluyendo una justa compensación y medidas de satisfacción que incluyan el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos".
La CIDH, integrada por siete miembros, es un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que vela por el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de esa índole.
La institución judicial autónoma que interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la Corte IDH, con sede en Costa Rica.
