Hace 30 años, por primera vez en su historia los uruguayos hicieron uso del referéndum contra la ley nacional N°15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1985. la ley tenía por finalidad proteger a los militares y policías que cometieron crimenes durante la dictadura (1973-1985). El referéndum se dividió en "colores": la papeleta verde pedía la revocación de la ley, la amarilla, no.
La ley de amnistía estipula, literalmente, la caducidad del "ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".
Aún hoy los uruguayos siguen luchando por verdad, memoria y justicia. Hay 195 casos de personas detenidas y desaparecidas, casi 123 asesinatos políticos, según la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de Uruguay.
En 2007 se realizó un plebiscito para realizar una enmienda constitucional que anularía parcialmente la ley; el 25 de octubre de 2009 se llevó a cabo la votación, pero no se aprobó la reforma.
A su vez, respecto a algunos casos, la SCJ tuvo otra postura y declaró inconstitucional la ley de caducidad, lo que permitió juzgar a algunos militares; no obstante, la declaración de inconstitucionalidad de una ley tiene solo efectos sobre el caso puntual sobre el que es presentado, por ende la ley sigue vigente.
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Naciones Unidas señala que las amnistías no son admisibles si evitan el juicio de personas que puedan ser penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad o violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los delitos que se dirigen específicamente a las mujeres, así como delitos relacionados con el género.
En América Latina
Después de 21 años de dictadura (1964-1985), Brasil continúa perdonando los crímenes de los militares y garantizando que no sean juzgados. La ley de amnistía del país data de 1979 es catalogada como "autoamnistía"; en 2010 la CIDH aseguró que la Ley de Amnistía no debería ser aplicada aunque el Supremo Tribunal Federal del país la hubiera declarado constitucional ese mismo año. Los militares y policías brasileños torturaron a más de 20.000 personas y desaparecieron y mataron a 434.
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Cuando se restauró la democracia llegó a la presidencia Raúl Alfonsín que derogó la medida (1983-1989). Sin embargo, después de un levantamiento militar, en diciembre de 1986 Alfonsín promulgó la Ley de Punto Final, que paralizó los procesos judiciales contra los represores. El 4 de junio de 1987, el Congreso aprobó la Ley de Obediencia Debida y estableció que los oficiales subordinados actuaron obedeciendo órdenes de sus superiores, liberando de culpa a miles de represores.
De acuerdo con un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, al 20 de septiembre de 2018, se registraban 575 causas en las que fueron y son investigados más de tres mil imputados. Solo 984 habían sido sentenciados, de los cuales 862 fueron condenados y 122 absueltos.
Estas cifras, si bien no llegan a la totalidad de los culpables, representan uno de los avances más significativos en el continente para procesar a los culpables de crímenes de lesa humanidad.
En Chile, la ley de amnistía la usó Augusto Pinochet para proteger a los autores de los abusos cometidos durante los años que duró su dictadura (1973-1990). Esos hechos implicaron el homicidio o desaparición de más de 3.000 personas y la detención arbitraria y tortura a más de 38.000 ciudadanos.
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La norma fue aprobada el 18 de abril de 1978, y aún sigue vigente. No obstante, desde que se detuvo a Pinochet en 1998, los jueces de Chile optaron por no aplicarla porque contravenía al Derecho Internacional. La dictadura chilena mató 44.000 víctimas desde 1973 a 1990, de ellas, 3.065 están muertos o desaparecidos.
