"La democracia pasa por respetar las ideas del otro, esta Ley no habla de impunidad para nadie y va a ser sancionada para evitar un nuevo brote de conflictos", dijo la presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, al justificar el proyecto.
Copa hizo la declaración ante declaraciones de rechazo a la también llamada "ley de garantías", tanto desde el gabinete ministerial como desde la minoría parlamentaria que apoya a la presidenta Jeanine Áñez.
Copa dijo que el proyecto final es producto de consultas con organizaciones sociales y con organismos internacionales, y recoge también las observaciones del gobierno de facto.
La Cámara de Diputados, que aprobó la versión inicial de la ley que el Senado ratificó con cambios de detalle el viernes 10, prevé volver a votar sobre el proyecto esta semana, anunció a reporteros el presidente de la cámara baja, Sergio Choque.
Tras el pacto de pacificación, las bancadas políticas en el parlamento acordaron un texto que eliminó las referencias directas a Morales, proclamando la vigencia plena de derechos humanos de todos los bolivianos y extranjeros residentes en el país.
El senador Carlos Klinsky, del partido Demócratas que respalda a Áñez, anunció que demandaría la nulidad de la ley con el argumento de que el proyecto no fue revisado previamente por la comisión de constitución de esa cámara, pero Copa replicó que la comisión revisora fue la de derechos humanos.
Sobre el fondo de la norma, Klinsky afirmó que el proyecto no tenía sentido porque "ya existen disposiciones constitucionales y legales a las que pueden acudir todas las personas que crean que sus derechos están siendo vulnerados".
La senadora Copa respondió que el proyecto "no tiene ningún parágrafo, ningún artículo que defienda la impunidad".
El proyecto protege a todos los habitantes del país contra "acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades, por los acontecimientos políticos" posteriores a las elecciones de octubre pasado.
Copa añadió que, al contrario de lo que sostiene el gobierno de Áñez, hay todavía decenas de víctimas de la represión posterior al golpe de noviembre que no reciben tratamiento médico adecuado ni recibieron indemnización por las muertes de familiares.
