Este año, el 61% de la población encuestada dijo aprobar la política anticorrupción de este Gobierno, es decir, 37 puntos porcentuales más que en 2017, un salto histórico en el Barómetro Global de Transparencia Internacional.
El director de Comunicaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Darío Ramírez, señaló dos facetas de la administración federal en esa lucha.
"La primera es que el presidente no es un hombre de instituciones, sino de personas", señaló Ramírez a Sputnik.
López Obrador, antes que confiar en las instituciones que este país ha construido en dos décadas de transición a la democracia, "cree más en las personas de su confianza, se siente bajo su resguardo en plena alianza con su círculo íntimo", dijo.
La otra cara de esa moneda es que, "mientras las pinceladas del SNA aún no consuman un lento cambio en relaciones sociales, políticas y judiciales en materia de transparencia, la institucionalización del Estado contra la corrupción ahora agoniza", dijo el experto, posgraduado en derecho público internacional por la Universidad de Ámsterdam.
"Es un sistema anticorrupción agonizante muy grande, complicado, con todas las fallas del mundo, pero era la institución construida para comandar el combate a la corrupción", indica Ramírez.
Pero ante la Secretaría de la Función Pública, que actúa en forma partidista en la vigilancia del funcionariado, "desaparece toda fiscalización sobre hechos muy opacos de la gestión pública, como la disminución al gasto, la concentración de contratos, y la disminución del presupuesto en materias vitales", dijo el portavoz de la organización que investiga escándalos como el caso Odebrecht.
Navidad sin corrupción
López Obrador dijo en su mensaje de Navidad que durante un cuarto de siglo la corrupción no era delito grave hasta que él promovió una reforma constitucional.
"La gente ni lo sabía, habían reformado el código penal para que no fuera considerada como delito grave la corrupción, así estuvimos 25 años, hasta se estableció el Instituto de Transparencia y la fiscalía anticorrupción, cuando por ley no era delito grave", cuestionó.
Al final de 2019, ninguno de los protagonistas de los grandes escándalos investigados por MCCI, con notables hallazgos, ha pisado la cárcel.
Hay una sola excepción, la excorreligionaria de López Obrador y su antecesora en el Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), Rosario Robles, quien dejó las filas de las izquierdas y entró al gabinete de Enrique Peña Nieto (2012-2018), única encarcelada por la llamada trama de desfalcos de la 'Estafa Maestra', que MCCI indagó.
Pero el mandatario proclama que la corrupción "ya no es tolerada ni permitida".
"Para nosotros, en el primer lugar de la agenda está acabar con la corrupción; la segunda es la austeridad republicana; lo tercero el bienestar para el pueblo; el cuarto, la producción y empleo; y cinco, paz y tranquilidad", dijo en su mensaje navideño.
López Obrador afirma que las llamadas reformas estructurales fueron un engaño "para adaptar el marco jurídico y facilitar el saqueo, hacer negocios al amparo del poder público y transferir bienes públicos a particulares", durante 36 años de gobiernos que adjetiva como "neoliberales".
A su desconfianza en el SNA, López Obrador suma la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisiones Reguladora de Energía, el Instituto Nacional Electoral y el tribunal en la materia, en una lista de instituciones de las cuales desconfía por tratarse de "pura simulación para llevar a cabo el saqueo".
Ramírez considera que, con ese discurso, "en la práctica la corrupción sigue prácticamente intocada".
Mientras tanto, persisten los problemas de acceso a la información y de verificación de bases de datos no actualizadas o desactivadas de registros oficiales.
"De parte de nosotros (MCCI) metimos 64 casos por denuncia de corrupción; y la realidad es que no se ha movido ninguna, ojalá en 2020 lleguen los resultados tangibles que respondan a una solicitud expresa que hicimos al presidente", puntualizó Ramírez.
El desafío sigue siendo tan grande, que el Congreso estima que un 10% del presupuesto federal se pierde en corrupción, es decir unos 30.000 millones de dólares anuales desfalcados.
