"Los narcotraficantes están cuestionando a balazos la propuesta del presidente", dijo a Sputnik Alejandro Hope, analista en temas de seguridad y doctor en ciencias políticas de la Universidad de Princenton.
"La conclusión es al menos obvia, la guerra contra el narcotráfico sigue, a pesar de lo que se diga desde el Gobierno", recalcó Hope.
El mandatario considera que la corrupción y la estrategia de guerra frontal, desplegando a las fuerzas armadas desde 2007 contra el crimen organizado, son las causas de la violencia indetenible, que cierra con elevadas cifras históricas.
Al cierre del año, el jefe de Estado afirmó que la detención en EEUU de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el Gobierno del centroderechista Felipe Calderón (2006-2012), el 10 de diciembre pasado, acusado de recibir millones de dólares en sobornos del narcotráfico, es una "derrota del régimen corrupto" anterior.
"Es una derrota de un régimen corrupto, es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó, cuando las principales autoridades de la seguridad son sobornadas (…) no hay posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad", proclamó tras el anuncio del departamento de Justicia de EEUU.
Tres episodios simbólicos de 2019
Tres momentos pueden considerarse significativos en este primer año del sexenio de López Obrador, en lo que respecta a la estrategia contra el crimen organizado, señaló por su parte a Sputnik Francisco Rivas del Observatorio Ciudadano de Seguridad.
Frente a la inusitada respuesta de los narcotraficantes, que salieron armados con equipos antitanques y antiaéreos, con la amenaza de desatar un baño de sangre en la ciudad, el presidente ordenó liberar al heredero del Cártel de Sinaloa, y envió al titular de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, a reconocer que fue un plan mal diseñado.
"No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas", argumentó López Obrador.
El operativo fue seguido por una sucesión de explicaciones incompletas y evasión de las responsabilidades.
Tras ese intento fallido de demostrar autoridad ocurrió el asesinato de nueve integrantes de una familia mexicano-estadounidense (tres mujeres y seis niños), a comienzos de noviembre, en una carretera de Sonora, cerca de la frontera con EEUU.
Pero el fiscal general William Barr llegó a este país a finales de este año para dejar la amenaza en suspenso cuando la repuesta mexicana fue "cooperación sí, intervencionismo no".
Rivas advierte que "el Gobierno no está trabajando para disminuir el ingreso de armas, ni para desmantelar las estructuras económicas de la delincuencia, ni para combatir la corrupción, y tampoco para implementar mejores capacidades institucionales de seguridad frente a los cárteles".
Los cárteles mexicanos han asumido incluso el control de la producción en países como Colombia, donde el Cártel del Golfo y el de Sinaloa se disputan el control de las zonas de cultivo de hoja de coca, insumo para el proceso de destilación del clorhidrato de cocaína.
"Cuando se dice que los delincuentes son víctimas del modelo económico y se insiste en reaccionar con abrazos a los balazos, se pone en aprietos a la autoridad", alertó Rivas.
La ineficiencia de la justicia y los altos niveles de corrupción e impunidad de gobiernos estatales y locales llega hasta la complicidad con los delincuentes.
Un informe enviado por el analista a Sputnik señala que "el cártel de Nuevo Laredo (noroeste), por ejemplo, prohíbe a las gasolineras de Nuevo Laredo vender combustible a vehículos militares o policiales".
La consecuencia del poder armado del narcotráfico es que el número de asesinatos en diez meses del sexenio de López Obrador, de diciembre de 2018 a octubre de 2019, ascendió a 32.565 víctimas, es decir, 97 personas asesinadas todos los días, un récord histórico en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
