"Los estados no están preparados para dar lugar a las manifestaciones de la sociedad por sus derechos y a la vez desactivar los focos que pudieran ser violentos", dijo a Sputnik la directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas, Fernanda Doz Costa.
Amnistía documentó violaciones de derechos humanos (DDHH) en las crisis de las últimas semanas en la región, donde las manifestaciones sociales estallaron, en general, por demandas económicas y sociales y donde no se llamó al diálogo para escuchar a las fuerzas sociales.
Amnistía observó que "sistemáticamente la Policía, y en muchos casos también las Fuerzas Armadas, hicieron uso excesivo de la fuerza y no han podido garantizar el derecho humano a la manifestación pacífica, parte fundamental de una sociedad democrática".
En los cuatro países mencionados hubo denuncias de uso excesivo de la fuerza.
En Ecuador se registró el disparo de perdigones y gases lacrimógenos a corta distancia, así como detenciones arbitrarias.
✒️ FIRMAS por María Luisa Ramos Urzagaste
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En Colombia fallecieron tres personas en el marco de las manifestaciones, y 517 personas resultaron heridas, 177 civiles y 340 agentes de la Fuerza Pública.
La dispersión con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento a manifestantes pacíficos en la principal plaza de Bogotá, o la patada en el rostro a una joven por parte de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fueron algunos de los casos registrados en video y viralizados por las redes sociales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que en Bolivia se registró un número "masivo" de violaciones de los DDHH, incluido el derecho a la protesta.
"El uso indiscriminado, y en muchos casos innecesario, de la fuerza que hemos documentado en estas manifestaciones, demuestra que [las fuerzas de seguridad] no están preparadas o no quieren cumplir su labor conforme al derecho internacional de los DDHH", señaló Doz Costa.
Esta situación "nos tiene que traer una reflexión muy profunda sobre el entrenamiento, los protocolos, pero sobre todo las órdenes políticas que reciben nuestra policías", agregó la activista.
Doz Costa criticó que los presidentes de Chile y Ecuador se hayan referido a los manifestantes como "el enemigo interno", y que en Chile, incluso, se hablara de "guerra contra un enemigo muy poderoso", cuando se trataba de jóvenes estudiantes que habían salido a reclamar derechos.
"Este tipo de retórica, que nos devuelve a las épocas más oscuras de nuestro continente, a las dictaduras de Sudamérica, son realmente alarmantes", sentenció la abogada.
La intención y el daño
La abogada señala que se realizaron "detenciones arbitrarias, en algunos casos tortura; en el caso de Chile sistemáticamente se denuncia tortura sexual, especialmente a mujeres, en donde en su momento de detención las desnudaban, las obligaban a hacer sentadillas, les revisaban sus genitales como una manera de amedrentarlas".
"Nuestra presunción es que hubo una intención de desanimar la protesta social dañando a quienes se atrevían a manifestarse, y por eso tantos disparos a la cara, a los ojos, tanta detención arbitraria seguida de tortura como una manera de mandar una señal a los manifestantes", concluyó la abogada.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile señaló que la Policía violó DDHH de los manifestantes y que al menos 1.383 personas sufrieron torturas, tratos crueles y violencia sexual.
En Chile murieron cerca de 30 personas, cinco de ellas a manos de las FFAA y la Policía; una sufrió un paro respiratorio en una marcha, y, mientras era atendida por médicos, el procedimiento fue interrumpido por la Policía y falleció.
🇨🇱 Si bien la situación parece apaciguarse con el tiempo, se teme que las respuestas del gobierno no sean más que una fachada con más de lo mismo
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Las violaciones fueron corroboradas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y están siendo investigadas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH (Acnudh) y por la CIDH.
Hasta el momento, hay cuatro militares en prisión preventiva y 14 policías investigados por torturas, dos de ellos también detenidos preventivamente.
El director y fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, Francisco Soberón, señaló que frente a "graves y masivas vulneraciones en las manifestaciones que se han dado en los últimos meses en la región", debe exigirse que continúen las visitas de la CIDH y de la Acnudh.
El activista sostiene que la presencia de los mecanismos internacionales es un soporte y un apoyo a las denuncias que puedan hacer los organismos locales de derechos humanos, sobre todo en países "en los que el sistema de justicia no ofrece garantías".
En el caso de Bolivia, el choque entre sectores antagónicos produjo una colisión entre el derecho a la protesta de unos con los derechos a la libre circulación o al trabajo reclamados por otros y el conflicto terminó atentando contra el derecho a la vida, debido a que murieron 34 personas, según la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales, mientras que el Gobierno de facto admitió solo 29 fallecidos.
De los muertos, 20 eran manifestantes, productores de coca de Cochabamba y vecinos de El Alto, cuyas protestas contra el Gobierno de facto de Jeanine Áñez fueron reprimidas por fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas, bajo el manto de un decreto gubernamental que liberó a los militares de eventuales responsabilidades penales por la represión.
Distinto es el caso de Chile, donde las manifestaciones no se encuentran protegidas de manera explícita en la Constitución, si bien el artículo 19 garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de congregarse sin permiso previo.
En Colombia la protesta pacífica también está contemplada en la Constitución; si bien la legislación penal no la criminaliza, sí tipifica acciones realizadas dentro de las protestas y que afectan la seguridad pública: delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público y asonada.
Las palabras y los gobiernos
Los gobiernos implicados niegan haber ejercido la fuerza en exceso.
En Ecuador se alegó que la fuerza pública actuó en el marco de la ley, bajo la presión que suponía una atmósfera de violencia extrema.
En Bolivia se blandió un informe forense oficial para sostener que no hubo pruebas de muertes por disparos de armas militares.
En Colombia se insiste en que está garantizada la protesta social pacífica, pero con la actuación del Esmad en caso de actos vandálicos.
Sin embargo, el asesinato del joven Dilan Cruz por el impacto de una munición de aturdimiento que le disparó a la cabeza un agente del Esmad en una marcha pacífica en Bogotá el 23 de noviembre, elevó el voltaje de las denuncias de los manifestantes para quienes el derecho a la protesta no está garantizado.
Dilan se convirtió con su muerte en un símbolo nacional de las marchas y su caso dio la vuelta al mundo.
