"Respecto a la posibilidad de que autoridades o la fuerza pública boliviana ingresen al recinto diplomático de México debo decir, categóricamente, que eso es imposible", dijo en conferencia de prensa la canciller del gobierno de facto boliviano, Karen Longaric.
"Nosotros somos un país y ésta es una Cancillería respetuosa de las inmunidades diplomáticas y de los privilegios, todo esto amparado en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas", aseguró Longaric.
El supuesto refuerzo de la vigilancia policial fue denunciado a medios locales por familiares de los funcionarios bolivianos refugiados en la embajada mexicana, en procura de asilo, tras el golpe de noviembre contra Morales y la autoproclamación presidencial de la senadora Jeanine Áñez.
Un oficial policial, que pidió el anonimato mientras comandaba una patrulla todoterreno cerca de la embajada mexicana, dijo a Sputnik que la vigilancia alrededor de esa oficina —ubicada entre residencias privadas— "se mantiene normalmente, es decir, al máximo nivel las 24 horas del día".
Añadió, en referencia al aparente aumento de agentes del orden en el área, que "no hay un cambio de la situación, aparte de movilizaciones y reemplazos de personal por razones puramente operativas".
El Gobierno mexicano "expresa su profunda preocupación por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan tanto la Residencia como la Embajada de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el pasado 11 de noviembre", dijo en un comunicado la cancillería.
El gobierno de facto boliviano anunció que no dará salvoconductos a los exfuncionarios de Morales que pretenden salir al exilio en México.
La Paz acusó a México de haber tomado posición a favor de Morales.
