En el expediente "se denuncia el delito de genocidio y delitos de lesa humanidad que involucran una serie de delitos especiales, como violación, asesinatos y desaparición forzada, entre otros", explicó Tomás Ojea Quintana, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Birmania entre 2008 y 2014.
La denuncia, presentada el pasado 13 de noviembre por el presidente de la Organización Birmana Rohinyá (Brouk) con sede en Londres, Tun Khin, y ratificada ese mismo día, recayó en el juzgado de la jueza María Servini de Cubría, que indaga desde 2010 en otra causa delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista.
"En nuestra denuncia pedimos que la justicia universal investigue a todos los posibles responsables del genocidio, incluidos sectores de las fuerzas militares y a las autoridades civiles máximas de Birmania, entre ellas la líder Aung San Suu Kyi", puntualizó el ex relator de Naciones Unidas en alusión a la líder de facto del país y Premio Nobel de la Paz en 1991.
"Todos aquellos que estuvieron relacionados con estos delitos de lesa humanidad tienen que rendir cuentas judicialmente", sostuvo Ojea Quintana.
El caso recibió respaldo de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo y del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel.
Genocidio comprobado
La querella pide investigar los hechos que documentó la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Birmania en relación a los episodios que tuvieron lugar en agosto de 2017, "cuando hubo una avanzada militar sobre la comunidad rohinyá y se perpetraron matanzas en distintas aldeas y pueblos grandes", explicó Ojea Quintana.
Servini "le dio vista al fiscal federal Guillermo Marijuán para evaluar si procede la investigación, si hay mérito para hacerlo, así que estamos en un momento importante", confió el exrelator, quien visitó hasta en cuatro oportunidades Birmania.
En todo caso, "hay un acuerdo dentro de la comunidad internacional de que el genocidio ocurrió y de que la evidencia está, además de que en Birmania no existe ninguna causa que investigue lo sucedido", aclaró el abogado.
La dificultad reside en la recolección de pruebas en una región que se encuentra a más de 17.000 kilómetros de distancia de Argentina, por lo que la querella propone que la justicia de este país sudamericano haga "un trabajo conjunto con Naciones Unidas".
La misión de la ONU que investigó las atrocidades perpetradas por las fuerzas de seguridad contra la minoría rohinyá elaboró un informe de 444 páginas publicado en septiembre de 2018 que puede compartir con cualquier espacio judicial que lleve a cabo una investigación, acotó Ojea Quintana.
Dos causas más
El máximo tribunal de la ONU convocó para diciembre una audiencia en La Haya a la que concurrirá Aung San Suu Kyi, según anunció la propia consejera de Estado.
En paralelo, la Corte Penal Internacional (CPI) también comenzó a investigar a las autoridades de Birmania por el delito de persecución que se está cometiendo en Bangladesh, país al que han huido casi un millón de rohinyás, en su mayoría mujeres y niños, que malviven en los campos de Kutupalong (sudeste), el mayor asentamiento de refugiados del mundo.
"Birmania no es parte del Estatuto de Roma que hace funcionar a la CPI, pero el tribunal se declaró competente para investigar el delito de persecución en Bangladesh, que sí integra el Estatuto de Roma", especificó el abogado.
Contexto
Más de 700.000 rohinyás se vieron forzados a huir, y la mayoría se refugiaron en el vecino estado de Bangladesh.
La justicia o jurisdicción universal es un principio del derecho internacional que permite a cualquier país investigar crímenes imprescriptibles con independencia de dónde o cuándo se hayan cometido.
