"La CIDH expresa su enérgica condena al uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir recientes manifestaciones en Bolivia", dice un comunicado de la CIDH.
La Comisión constató que desde la renuncia del presidente Evo Morales, el domingo 10, "la fuerte respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad, con la utilización de armas de fuego, ha generado un incremento en el número de personas muertas y heridas".
Además, advirtió, que resultan de "particular preocupación" las operaciones combinadas de la policía y de las Fuerzas Armadas para controlar el orden público, "sin que haya adecuado sustento legal".
En este punto planteó su "profunda preocupación" por el Decreto Supremo 4078 que "pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para restablecimiento del orden interno y estabilidad del orden público".
La Comisión también le reclamó a las autoridades bolivianas "garantizar el derecho a la reunión pacífica (…) preservar la vida e integridad de sus habitantes (…) garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos".
Son "inadmisibles" las disposiciones de amnistía y de prescripción, mediante las cuales se pretende impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos, dijo la CIDH en referencia al decreto impulsado por el gobierno de facto que libera de responsabilidad penal a policías y militares.
"Desde el inicio de la anunciada acción combinada entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas nueve muertes ocurrieron en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre, donde 122 personas quedaron heridas en contexto de represión a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad", añade el comunicado.
La CIDH se limita a "tomar nota" de que "el 12 de noviembre el bloque minoritario del Senado—convocado y votando sin el quórum requerido—eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia, y que el Tribunal Constitucional respaldó su reclamo".
Finalmente, la Comisión pidió un diálogo nacional amplio e inclusivo para superar la crisis y encausar un proceso electoral sin restricciones.
