"CIDH actualiza las cifras de víctimas en Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", dijo la organización en su cuenta de Twitter.
🔴 CIDH actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policia y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política. https://t.co/y9LIbOITRT
— CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 17, 2019
La Comisión expresó su preocupación por las acciones de las Fuerzas Armadas en Bolivia a lo largo de esta semana, así como por "las amenazas de expulsión de autoridades, agresiones y uso de gas por parte de la policía contra periodistas que cubren protestas".
Comentado esas cifras, el expresidente boliviano Evo Morales denunció que "mientras el pueblo humilde clama por paz y diálogo, el régimen de facto de Camacho, Mesa y Añez, reprime con tanques y balas".
"Esa es la verdadera dictadura que masacra sin clemencia", tuiteó.
Según informó antes la Defensoría del Pueblo, el 15 de noviembre una represión militar-policial a una marcha antigubernamental de productores de coca en el departamento de Cochabamba (centro) dejó al menos nueve muertos y más de un centenar de heridos, todas las víctimas entre los manifestantes.
Los cocaleros movilizados pertenecen a sindicatos liderados por Evo Morales, el presidente ahora exiliado en México tras resultar forzado a renunciar el 10 de noviembre por manifestaciones convocadas contra un supuesto fraude electoral a las que se sumaron los militares y policías.
El 15 de noviembre, Áñez declaró que tomaría "medidas constitucionales" para combatir a supuestos "grupos subversivos armados" que estarían detrás de persistentes protestas sindicales y vecinales contra su gobierno de facto.
Según descubrió la CIDH, el mismo 15 de noviembre Áñez aprobó un decreto que permite a las Fuerzas Armadas emplear "todos sus medios disponibles" para "la defensa de la sociedad y la conservación del orden público".
