La gestión neoliberal de la Alianza Cambiemos de Mauricio Macri deja las cuentas públicas asfixiadas por la carga del pago de intereses de la deuda.
Un dato resume la inviabilidad de mantener el esquema de ingresos y gastos del sector público con el actual stock de deuda pública y el horizonte próximo de vencimientos: los intereses totales pagados como porcentaje de los recursos tributarios alcanzaron el 21,5 % en el segundo trimestre de 2019, porcentaje que no disminuirá en el resto del año y que seguirá aumento en 2020.
Alberto Fernández lo sabe y por ese motivo una de sus prioridades es conseguir un fuerte alivio en el frente de la deuda. Está convencido de que no sólo es imprescindible por una decisión política, sino por una imperiosa necesidad económica.
El presidente electo no tiene dudas de que no existe posibilidad de preservar legitimidad política y de impulsar el crecimiento económico y, por lo tanto, la generación de recursos para pagar la deuda, sin antes liberar fondos del presupuesto que una audaz reestructuración de pagos permitiría.
A dos bandas
Alberto Fernández lo dijo explícitamente: "La Argentina no puede pagar la deuda en las condiciones que está".
En los próximos cuatro años, la administración de Alberto Fernández deberá pagar unos 170.000 millones de dólares, equivalentes al 40% del actual PIB, de casi 430.000 millones de dólares.
La deuda pública pasó de poco más del 50% del PIB en 2015 al 100%. La nominada en dólares subió del 36% al 72% del Producto. Esto significa que se duplicó, lo que hace más vulnerable a una economía con escasez relativa de divisas, como la argentina.
La estrategia de renegociación involucrará por un lado a los grandes fondos de inversión internacional, y por otro al Fondo Monetario Internacional.
La clave de esa política la dejó al descubierto cuando le pidió al presidente de EEUU, Donald Trump, en conversación telefónica, ayuda para renegociar la deuda con el FMI. Y lo hizo recordando que “otro presidente republicano, George Bush, ayudó mucho con la deuda” durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).
Corresponsabilidad
Resulta muy interesante esa mención de Fernández porque brinda pistas de su aspiración. Convoca entonces a recordar cuál fue la intervención de EEUU en la anterior renegociación de la deuda en 2005, para especular con lo que puede suceder en la próxima inminente.
Manifestaciones públicas de la administración de George W. Bush, y especialmente a través de su influencia en el FMI, facilitaron el plan del Néstor Kirchner con los acreedores.
Kirchner supo leer ese contexto global para invocar la corresponsabilidad de los acreedores y para reclamar que el FMI no interviniera, puesto que la propuesta de reestructuración no necesitaba financiamiento del organismo multilateral.
La posición de Washington fue que las crisis y los defaults fueron causados por el endeudamiento excesivo y esa responsabilidad no era solo del país emisor de bonos, sino también de conductas imprudentes de los acreedores que le prestaron.
Por ese motivo, el canje 2005 no fue cuestionado por el Gobierno estadounidense sino que, por el contrario, lo evaluó en forma positiva.
Incluso la elevada magnitud de la quita no resultó incómoda, 65% del capital, extensión de los plazos de pagos y fuerte reducción de la tasa de interés.
Pudo presentarse ese porcentaje de quita como proporcional a una gran irresponsabilidad del mercado. No fue incongruente que esa resolución fuera mostrada como ejemplo de mala conducta del país, sus prestamistas y el FMI.
¿Por qué?
Un aspecto relevante que Fernández jugará en la negociación de la deuda es el interés de los republicanos en EEUU de aparecer como defensores del destino del dinero de los contribuyentes.
Se llamaba Paul Henry O’Neill, presidente del gigante de la industria del aluminio Alcoa, quien pronunció la célebre frase: "los plomeros y carpinteros norteamericanos no deben pagar por los errores de Wall Street" en Argentina.
En una entrevista en el programa "Political Capital with Al Hunt" del conductor Al Hunt, en la cadena de televisión de información financiera Bloomberg, el 18 de agosto de 2001, O’Neill dijo textual: "Estamos trabajando para encontrar un camino que impulse una Argentina sustentable, no sólo una que continúe consumiendo el dinero de los plomeros y carpinteros en EE.UU. que ganan 50.000 dólares al año y se preguntan qué diablos estamos haciendo con su dinero".
FMI
Esa pretensión la basa en la resistencia que hubo en el directorio del Fondo por parte de países europeos al préstamo extraordinario entregado al Gobierno de Macri.
Italia, Suecia y Holanda se opusieron a que el Fondo realizará más desembolsos del crédito total de 57.000 millones de dólares, el más grande entregado en la historia del organismo a un país.
Aunque cuenta con 189 miembros, la instancia de decisión del FMI se compone de 24 directores que desde sus sillas representan a grupos de países.
Por eso además de las líneas abiertas con EEUU y países europeos, Fernández buscó el apoyo de Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita a México.
Bonistas
El otro frente de la deuda que atenderá Fernández es con los bonistas. En esa tarea ya recibió el mensaje de que los intereses del Fondo Monetario pueden no coincidir con los de los bonistas. El organismo está primero en la fila para cobrar, porque es un acreedor privilegiado que no admite quitas al préstamo otorgado, y reclama ajustes para que la deuda sea sustentable.
Un grupo de acreedores de deuda en dólares busca agilizar las negociaciones y formó un comité para tener una posición unificado frente al país. Algunos de los fondos que integran ese comité son Greylock Capital, Fidelity, T Rowe Price, Amundi y Blackrock.
La deuda emitida bajo ley extranjera suma unos 60.000 millones de dólares y entre esos grandes tenedores pueden llegar a tener 15.000 millones.
A diferencia de las negociaciones de la deuda argentina en 2005, la mayoría de los títulos emitida bajo ley extranjera tiene cláusula de acción colectiva.
Más allá de la ansiedad que voceros del poder financiero transmiten, los antecedentes de las reestructuraciones de Uruguay y Ucrania muestran que habrá varios meses de negociación.
Hasta alcanzar el acuerdo final para la deuda uruguaya se tardó cuatro meses. Para el caso ucraniano, el plazo de negociación se extendió siete meses. Esto es un indicador de que 2020, el primer año de Alberto Fernández, estará marcado por la incertidumbre y la volatilidad generadas por la cuestión de la deuda.
