La agenda económica de Alberto Fernández

El gobernador electo de Buenos Aires, la principal provincia del país, Axel Kicillof, definió el panorama que heredarán como 'tierra arrasada'. El cuadro de la situación es desolador con indicadores económicos, sociales y laborales muy malos.

La comparación con los recibidos en 2015, el último año del mandato de Cristina Fernández de Kirchner es demoledor para Macri, convalidando el estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica que concluye que la opinión pública considera a ese Gobierno como el peor desde la recuperación de la democracia, en 1983.

Los datos comparativos, entre 2015 y 2019, son los siguientes:

• Pobreza: de 29,7% subió a 35,1%.
• PIB per cápita en dólares: de 14.884 bajó a 10.916.
• Inflación: de 27,5% subió a 54,5%.
• Salario en dólares: de 580 bajó a 275.
• Desempleo: de 6,5% subió a 10,6%.
• Riesgo país: de 555 subió a 2.223 puntos.
• Deuda pública bruta/PIB: de 52,6% subió a 92,0%.
• Tipo de cambio: de 9,6 a 60,0 pesos.
• Déficit de cuenta corriente: de 2,7% subió a 4,9%.

Fernández prometió que encenderá los motores de la economía, que arrastra dos años de recesión, poniendo desde el primer día "dinero en los bolsillos de los argentinos". Se refiere al de los trabajadores y jubilados, grupos sociales que tienen una mayor propensión al consumo de sus ingresos.

Por el camino de recuperar el mercado interno, con un mayor consumo de los sectores populares, planea impulsar la actividad económica. Pero esa estrategia se enfrenta a restricciones fiscales, monetarias y financieras que heredará del Gobierno de Macri.

Al tiempo que pretende reactivar la economía tendrá que pagar una inmensa deuda con acreedores externos y el FMI. Ambos objetivos a la vez son, en principio, contradictorios. Su misión será salvarlos con una estrategia eficaz.

La expansión fiscal necesaria para salir de la recesión se enfrentará con la exigencia de ajuste que reclamará el Fondo Monetario, como auditor de sus propios intereses y de los de los acreedores, para cobrar su deuda.

Deuda

Macri entregará el Gobierno con un nivel de deuda impagable en las actuales condiciones de la economía. Será equivalente a casi el 100% del PIB, con un horizonte de pago de muy corto plazo, lo que agudiza la presión sobre las cuentas públicas.

Gran parte del endeudamiento tiene vencimiento en los próximos cuatro años, los correspondientes al mandato de Fernández. En ese período suma unos 130.000 millones de dólares, equivalente al 30% del actual PIB. A esa deuda en dólares se le debe sumar la emitida en la moneda nacional (pesos), que eleva el total de vencimientos al 40% del PIB.

La renegociación de la deuda, entonces, es inevitable para evitar un default descontrolado, que tendría efectos muy negativos en términos económicos y sociales. Y también es inevitable porque la exigencia fiscal sería tan fuerte que anularía la posibilidad de destinar recursos adicionales a otros sectores.

Por el lado del FMI, el organismo no se opondrá a la refinanciación del crédito más grande de su historia entregado a uno de sus miembros. En realidad, con las condiciones pactadas en ese préstamo (monto y plazos de repago) se puede sospechar que estaba preparado para ser renegociado y, de ese modo, incluir las reformas estructurales regresivas (previsional, laboral e impositiva) que siempre exige el FMI.

¿Cuál es la contradicción de esa renegociación de deuda con el FMI con el objetivo de Fernández de impulsar el crecimiento económico?

El plan que exige el FMI para la reestructuración tiene medidas que son contractivas, que afectan negativamente la actividad productiva dejando a la economía en recesión.

Desafío

Como se sabe, a contramano del pensamiento dominante de la ortodoxia, que para empujar el crecimiento es condición básica expandir la demanda agregada. Esto es, el consumo privado y público. Para recuperar la capacidad de pago de la deuda la economía tiene que crecer. Pero para crecer se deberá renegociar la deuda, misión que a la vez no deberá incluir medidas contractivas.

Es un desafío mayúsculo para el inicio del Gobierno de Fernández. Deberá lidiar con dos intereses en disputa. El de los sectores sociales golpeados por la economía de Macri y el de los grandes fondos de inversión internacionales y del FMI que quieren una refinanciación amigable para empezar a cobrar.

Será una tensión importante que tendrá su manifestación en las variables financieras, especialmente en la cotización del dólar, cuyos movimientos son muy sensibles en la construcción de expectativas en la sociedad argentina.

Quita

Más allá del voluntarismo político, Fernández tendrá que elegir rápidamente qué sendero transitará. Por sus declaraciones y por los mensajes que envía a representantes del mundo sindical y empresario, ya optó por dar respuesta inmediata a las demandas sociales.

Es el camino para preservar legitimidad política, condición necesaria para impulsar el crecimiento y, de ese modo, poder generar recursos para pagar la deuda.

La cesación de pagos, o sea una postergación consensuada de los vencimientos de la deuda, permitiría liberar fondos del presupuesto. O sea, los acreedores tienen que primero aceptar no cobrar y después admitir cambios en los contratos de emisión de bonos (quita de capital, plazo de pago y tasas de interés) para empezar a cobrar.

​Cualquier otra alternativa extenderá la crisis fiscal (ajuste en el gasto público) y financiera (carga cada vez más pesada de los intereses a pagar), que mantendría a la economía en una prolongada recesión.

La conclusión es tan sencilla como contundente: la reestructuración de la deuda debe ser importante en quita de capital, extensión de los plazos y reducción de la tasa de interés.

Es un escenario que le resultará difícil eludir a Fernández si lo que busca es evitar una agonía prolongada. Las consecuencias que dejará el ciclo financiero neoliberal del Gobierno de Macri han sido fulminantes para la economía.

Fue arrojada hacia la insolvencia y el desenlace de esta situación crítica no entiende de voluntarismo político ni de la ilusión de un shock de confianza por el cambio de la fuerza política que pasará a ocupar la Casa Rosada.

Pacto

El instrumento político para abordar este desafío inicial será la convocatoria a un pacto social. Fernández lo presenta como un acuerdo con la industria, el campo y los gremios. Existen las condiciones para esa confluencia.

La destrucción de la rentabilidad de las empresas y la licuación del salario en cuatro años de otro fiasco del neoliberalismo han conseguido la convergencia inmediata de esos intereses.

El desafío principal es lograr salir del fondo del pozo al que fueron arrojados por el Gobierno de Macri. Fernández definió el pacto social del siguiente modo: "Significa ponernos de acuerdo entre todos en que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique aumento de la inflación".

El objetivo inmediato es frenar la inercia inflacionaria y fomentar la demanda interna para impulsar el crecimiento. El pacto será, además, una instancia para articular y discutir consensos básicos para la estabilización de la economía, fundamentalmente, en torno a la dinámica de precios y salarios.

Para avanzar luego en un acuerdo social que armonice las expectativas en la evolución de esas dos variables clave, que a la vez incluya respuestas inmediatas a los sectores sociales en estado de emergencia. Otras variables relevantes del acuerdo por la política económica con impacto en el nivel de ingresos de la población y de empresas son las tarifas de los servicios públicos y el tipo de cambio.

Ingresos

Para dar el puntapié inicial de la recuperación, Fernández buscará el incremento de los recursos tributarios, para así ampliar los estrechos márgenes de la gestión económica a partir de la herencia macrista.

Una de las fuentes principales para sumar fondos serán las retenciones a las exportaciones del complejo agropecuario. Para evitar la resistencia que levanta esta medida en ese sector, una propuesta que se evalúa en los equipos técnicos del presidente electo es eliminarlas a las producciones regionales que estén en situación crítica y establecerlas en forma segmentadas por tipo de producción.

Las retenciones tienen como finalidad, además de acercar recursos fiscales, fomentar la agregación de valor, la generación de trabajo y la seguridad alimentaria.

Esto último va en línea con el plan contra el hambre presentado por Fernández, que es un desafío no menor teniendo en cuenta que en un país rico en producción de alimentos existe un sector de la población con graves problemas de acceso a alimentos.

Para garantizar el acceso a alimentos se deberán desconectar esos precios del movimiento del precio del dólar. Además, avanzar sobre una premisa de grandes productores que postula que se debe exportar todo lo que se pueda y dejar los saldos para la mesa de los argentinos.

​Una de las metas del próximo Gobierno será la de terminar con esa falsa antinomia entre el consumo interno y las exportaciones. Plantear entonces que la salida a ese dilema es producir más, tanto para que el consumidor interno pueda comprar alimentos a precios asequibles como para que el exportador pueda vender al exterior sin limitaciones.

30 días

El equipo de máxima confianza de Fernández sabe que el nuevo Gobierno no tendrá la tradicional luna de miel de 100 días, pues la crisis que dejará Macri no la facilitará.

Proponen entonces que en los primeros 30 días de gestión se aborden los principales desafíos, que se resumen en generar las condiciones para iniciar a transitar el sendero de la recuperación económica.

En esa tarea será esencial la recomposición del ingreso de trabajadores y jubilados, el impulso del mercado interno facilitando la rehabilitación del capital de trabajo de las empresas con líneas de crédito subsidiadas y el aumento de los recursos tributarios con retenciones a las exportaciones e impuestos especiales a grandes patrimonios (bienes personales).

Para empezar la compleja labor de concretarlo, la llave para abrir la puerta de la resurrección de Argentina se encuentra en encarar una rápida y efectiva reestructuración de la inmensa deuda externa.