"La situación de cara a las elecciones es muy compleja, porque básicamente no hay seguridad para poder desarrollar una campaña con plenas garantías políticas (...) Hemos expresado ante el Congreso que no vemos las garantías de las que habla el Gobierno, porque si bien son reiteradas en los discursos, no se está dando en los territorios", dijo a Sputnik el senador por FARC (izquierda) Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada.
De acuerdo con un informe presentado el pasado 16 de octubre por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), y que abarca los últimos 349 días, el país está "sumido en una ola de violencia electoral que se hace cada vez más letal y se expande a un mayor número de territorios", ya que en ese tiempo se registraron 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios.
En los últimos dos meses y medio del calendario electoral, tuvieron lugar nueve de 22 asesinatos registrados hasta la fecha, 74 de 171 amenazas y 13 de 27 atentados, indicó Pares en su estudio, en el cual destacó que "parece claro que a medida que se acerca el día de las votaciones se intensifican los ataques y sube el riesgo para distintos actores relacionados con el desarrollo del proceso electoral".
Sólo el 20 de octubre, el candidato del partido Polo Democrático (izquierda) Luis Peláez, quien aspira a un escaño en la Asamblea en Antioquia (noroeste), fue víctima de un atentado —del cual salió ileso— cuando desconocidos le dispararon a su vehículo blindado.
"La garantía más importante que puede darnos el Gobierno es el desmantelamiento de los grupos paramilitares, esa es la garantía real que necesitamos, en especial los candidatos de los partidos de la oposición y de izquierda", dijo a Sputnik Sandra Ramírez, también senadora de FARC.
Según describió, a través de la estatal Unidad Nacional de Protección (UNP) el Gobierno proveyó chalecos antibalas, vehículos blindados y escoltas a los candidatos que así lo solicitaron, pero recordó que, a su juicio, la seguridad debe ser integral, de manera que los aspirantes a cargos de elección popular pudieran recorrer las calles y hacer proselitismo "sin necesidad de llevar al lado un solo guardaespaldas".
Protección insuficiente
Pares también consideró que el accionar del Gobierno para prestar protección a los candidatos es "insuficiente", pese a que al menos 1.074 candidatos tienen seguridad estatal y de que el Gobierno activó el Plan Ágora, con el que espera garantizar tranquilidad en 11.813 puestos de votación que tendrá el país.
El plan contempla una ruta especial de protección para candidatos, acompañamiento de instituciones de seguridad para el partido FARC y una ruta especial de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas ante posibles actos violentos, mientras que la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo se comprometieron a brindar transparencia al proceso.
Pero a pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno, la violencia se mantiene y en días pasados fuentes de la Fiscalía aseguraron al diario local El Tiempo que recibieron las denuncias de 605 candidatos amenazados, entre ellos 25 a gobernaciones y 280 a las alcaldías.
"Se suponía que estas iban a ser las primeras elecciones locales después de la firma del Acuerdo Final de Paz y las expectativas eran que la violencia desparecería del escenario de la lucha política electoral, pero lo que muestra la realidad es que eso no es así, sino que hay un número elevado de amenazas, agresiones e incluso de asesinatos contra candidatos", dijo a Sputnik Gabriel Becerra, dirigente nacional del partido Unión Patriótica (UP, izquierda).
Alerta regional
Por regiones, el departamento del Valle del Cauca (suroeste) se observa como el más violento en materia electoral, de acuerdo con el informe de Pares, que indicó que en éste se registraron 35 víctimas, entre asesinatos y amenazas.
Pero a diferencia de años anteriores, y pese a los planes del Gobierno, esta vez la violencia electoral se tornó más letal e individualizada, ya que se registraron menos casos de amenazas colectivas y aumentaron distintas formas de violencia selectiva, en las cuales no es preciso reconocer a los autores intelectuales y materiales de las amenazas y asesinatos.
"Para el 71,7% de las víctimas registradas en las bases de datos de Pares no figura un actor material o intelectual al cual pueda atribuírsele responsabilidad de los hechos", indicó el informe de la Fundación, lo que le lleva a concluir que "los homicidios, atentados o amenazas, son ordenados o cometidos, en su mayoría, por competidores políticos de las víctimas y no se trata de una estrategia nacional para asesinar o amedrentar".
"No vamos a permitir que los grupos armados ilegales y los carteles de la droga capturen el poder local en las elecciones para doblegar nuestra democracia; entre todos protegeremos el Estado de Derecho sin diferencias políticas", dijo Duque en declaraciones vía streaming.
Violencia generalizada
Los sectores políticos más afectados por la violencia en la contienda electoral colombiana de este año fueron tanto la oposición como la coalición de partidos oficialistas, es decir, los mismos que mostraron un potencial en las elecciones presidenciales de 2018, como el de centro-izquierda Partido Verde, de izquierda Polo Democrático y los oficialistas Liberal, Conservador y Centro Democrático (derecha).
Una buena parte de este tipo de violencia se cometió en zonas donde no hay un vacío de poder dejado por la extinta guerrilla de las FARC, por lo que a juicio de la Fundación no se puede concluir que hay una relación entre zonas de posconflicto y violencia política electoral.
