De los 115 casos de defensores y defensoras asesinados en 2018, "el 27% afectó a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (18 casos) y afrocolombianas (12 casos)", dijo el representante adjunto de la ACNUDH, Guillermo Fernández Maldonado.
Siete de los asesinatos se cometieron en la región Caribe (norte).
Desde enero hasta el 7 de este mes, la oficina de la ACNUDH recibió 76 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos, de las que documentó 26, tres de ellos en el Caribe.
El informe también expone que "el 93% de los casos de homicidios a los cuales se le hizo seguimiento (en 2018) ocurrieron en contextos regionales que registran una débil o nula presencia del Estado".
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Esos crímenes también fueron resultado "de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos", agrega el informe de las Naciones Unidas.
El Gobierno de Iván Duque tiene la responsabilidad de aplicar el Acuerdo Final de Paz logrado durante la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), recordó la ACNUDH.
Por tanto, urge que "se incrementen los esfuerzos para avanzar en la ejecución de todos los capítulos contenidos" en dicho acuerdo, pues beneficiará a las víctimas, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, agrega el informe.
