"Estamos satisfechos (con el informe). Creo que ha estado en los términos que esperábamos como Gobierno, en los términos de que dicen que la actuación que ha desempeñado el Gobierno (durante la crisis que culminó con el cierre del Congreso) se sujetó a la Constitución", dijo Vizcarra este martes en un acto público en una universidad en Lima.
En agosto, el presidente del disuelto Congreso de Perú, Pedro Olaechea, solicitó a la Comisión que emita opinión sobre si el mecanismo de la cuestión de confianza podía aplicarse a reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo.
El Ejecutivo presentó a inicios de agosto un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales en un año, y que los mandatos del Ejecutivo y Legislativo culminen en julio de 2020 y no en julio de 2021, como estaba previsto.
Olaechea quiso que la Comisión se pronuncie sobre la legalidad de una eventual invocación de la cuestión de confianza del Ejecutivo sobre el adelanto de elecciones.
En su informe, la Comisión afirmó que "vincular la cuestión de confianza a reformas constitucionales era algo inusual", pero que la Constitución peruana no ponía límites a los temas sobre los que se podía invocar la cuestión de confianza.
Este martes, el jefe de Estado puntualizó que "una cosa es decir inusual y otra inconstitucional", indicando que el informe de la Comisión en ningún momento ha declarado que la actuación del Ejecutivo haya sido contraria a la Constitución.
El 30 de septiembre, Vizcarra decretó la disolución del parlamento, aunque lo hizo tras invocar la cuestión de confianza para un proyecto que buscaba cambiar el método de elección de miembros del Tribunal Constitucional.
El proyecto de adelanto de elecciones fue archivado en septiembre por el Congreso, antes de que la Comisión emitiera su informe.
