"Ya ha transcurrido más de un mes desde el anuncio de rearme de Márquez y hasta ahora no hemos conocido que en los puntos de agrupamiento se vaya a presentar un fenómeno de deserción por ese llamado, pero es obvio que eso afecta nuestra campaña política", dijo Gallo, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y quien obtuvo un escaño en el Senado como parte del Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016.
El senador destacó que en la actualidad ningún dirigente de FARC tiene contacto con Márquez ni con el diputado y exdirigente de FARC Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, quien también hizo parte del anuncio de rearme y cuyos paraderos se desconocen, aunque el Gobierno colombiano presume que se encuentran en Venezuela.
"Nosotros no tenemos ningún contacto con Márquez o con Santrich. Desde que Iván salió de Bogotá (a mediados de 2018) prácticamente cortó el contacto con nosotros", dijo el exFARC.
"Además no podemos mantener ningún tipo de contacto porque ellos están por fuera de la ley y nosotros no; somos un partido legal y estamos en proceso de reincorporación, por lo cual debemos respetar las normas y no mantener contacto con integrantes de grupos ilegales", agregó.
"Solo ellos y no nuestro partido serán responsables de las consecuencias de sus actos a partir de la fecha de su pronunciamiento", indicó la FARC en su comunicado.
Sin embargo, la expulsión en sí misma de los disidentes encabezados por Márquez no soluciona las dificultades del partido, que de esa forma busca limpiar su nombre de cara a las elecciones locales, en las que espera, como mínimo, hacerse con espacios en consejos municipales y, como máximo, lograr algunas alcaldías.
"Debo admitir que no tenemos grandes expectativas porque esta es una etapa muy difícil para nosotros. A raíz de toda esta situación, así como a otras que atañen al Gobierno y al Estado, las condiciones para la participación nuestra en las elecciones no son las mejores, pero aspiramos lograr al menos representación en algunos concejos municipales, algunos escaños en asambleas y quizás en algunas alcaldías", dijo Gallo.
"Estamos a días de convocar públicamente la segunda asamblea general del partido, que debe darse en la tercera semana de enero, y en ella tendremos que considerar la posibilidad de cambiar el nombre al partido, ya que se nos hace muy complejo tratar de explicar que somos algo distinto a las disidencias o a las nuevas FARC, como se ha conocido el pronunciamiento de rearme liderado por Márquez", dijo.
Según explicó, esas dificultades afectan la campaña de FARC en aquellas regiones en las cuales la antigua guerrilla tuvo influencia, lo que sumado a la propaganda en contra de los partidos de derecha y de centro ha generado "un cierto bloqueo a la posibilidad de la participación de los exguerrilleros en distintos escenarios".
"Corremos graves riesgos en materia de seguridad para poder desarrollar una campaña con plenas garantías políticas. Hemos expresado ante el Congreso que no vemos esas garantías que el Gobierno ha expresado, pero que en la realidad no se está dando en los territorios, donde hay amenazas, asesinatos de nuestros integrantes", dijo.
Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta septiembre pasado, 149 integrantes de FARC han sido asesinados, lo cual tiende a aumentar cuanto más cercanas estén las elecciones, según ha alertado la propia Defensoría del Pueblo (ombudsman).
"Esta situación podría generar un escenario de mayor estigmatización y situaciones de violencia derivada contra los más de diez mil excombatientes que se mantienen en el proceso y quienes se sostienen en reinserción a la vida política y ciudadana del país", indicó la Defensoría en una alerta temprana emitida recién.
Las muertes, que pasaron de 49 a 89 entre un periodo y otro, evidencian un elevado riesgo de seguridad para los candidatos a las elecciones de alcaldes y gobernadores, riesgo que "se encuentra altamente concentrado en zonas de disputas de grupos armados" en las que antes tenía presencia la guerrilla de las FARC.
Pese a ello, Gallo confía en que el partido de la antigua guerrilla logrará consolidar una base política importante que le permita tener una mayor representación en los siguientes comicios electorales de 2023, en los que espera no sólo que el cambio de nombre haya servido para diferenciarlo de la disidencia, sino también contar con mayores garantías de campaña.