No solamente es récord, sino que también es inédito cuando se revisa el archivo de los impagos de Argentina. Es inédito porque se trata de deuda emitida por el mismo Gobierno. Los default previos fueron por deudas heredadas de administraciones anteriores.
Recibió una economía desendeudada del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015 y Macri la entregará en default. Esto significa que él mismo, en un ciclo político de apenas cuatro años, endeudó y no fue capaz de pagar.
El desastre provocado por esta administración de la derecha política en Argentina, que los Estados Unidos de Donald Trump protegió, es aún más dramático porque incluye un crédito inmenso del Fondo Monetario Internacional, el más abultado entregado en la historia de ese organismo a un solo país. Ese préstamo fue otorgado en junio de 2018 para evitar que en ese momento el Gobierno de Macri tuviese que declarar el default.
La fuerza política triunfante en esas elecciones, cuya fórmula es Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, tendrá que enfrentar un doble desafío en el frente de la deuda: por un lado, iniciar el proceso de negociación para la reestructuración con el sector privado, y por otro, conseguir la postergación de los plazos de vencimiento con el Fondo Monetario Internacional.
Argentina no es la excepción
Argentina repite el acontecimiento de un default cuando el anterior fue a finales de 2001. Pero no es un caso aislado en la historia económica mundial.
Una muestra de 66 países de los cinco continentes, representativa del 90% del PIB mundial, contabilizó 127 episodios de default entre el período 1800-1945, con una duración promedio de seis años. De 1946 a 2006, la cesación de pago de deudas se repitió 169 veces, con un lapso medio de tres años. El inventario abarca también de 1300 a 1799, cuando países europeos considerados hoy ricos, como Alemania, Francia, contabilizaron varios defaults, al igual que Austria, España y Portugal.
Estados Unidos no declaró formalmente el default, pero alteró en dos oportunidades la paridad del dólar con el oro, en 1933 y 1971, lo que implicó pagar su deuda con una moneda depreciada, que, de hecho, fue una quita de capital a los acreedores.

Si bien fue el incumplimiento de deuda más estruendoso por su magnitud de comienzos del nuevo siglo, Argentina no se ubica en el tope histórico del 'ranking' de países con impagos de la región. Desde su independencia, Argentina ha caído ocho veces en suspensión de pagos, incluyendo esta última del Gobierno de Macri; Brasil lo hizo en nueve oportunidades desde que se liberó del Imperio portugués; México en ocho; y Venezuela en diez.
Plazos y quitas
La acumulación de deudas por parte de los Gobiernos, como sucedió en la primera mitad del mandato Macri y su posterior default, al final de esa misma administración, no es ajena a la dinámica de esas crisis financieras. Los impagos forman parte de las desvalorizaciones de capitales que acompañan a toda crisis.
Las propuestas que se están evaluando giran alrededor de dos experiencias de reestructuración:
- La de Uruguay, en 2003, que fue solamente una extensión en los vencimientos de capitales e intereses, sin quita nominal, pero que implicó una quita financiera implícita muy baja, del 13%, de acuerdo a estudios del FMI.
- La de Ucrania, en 2015, que consiguió una quita nominal de capital del 20%, la extensión de cuatro años el plazo de cada bono, según los respectivos vencimientos, la subida de medio punto promedio la tasa de interés y la entrega de un cupón PIB.
Ucrania utilizó Los principios básicos sobre reestructuraciones de deuda soberana, impulsados por Argentina en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y respaldados por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Grandes fondos de inversión internacional presionan para que un futuro Gobierno de Alberto Fernández se incline por la opción "uruguaya". El actual stock de deuda pública, con el actual horizonte próximo de vencimientos, devenga intereses que equivalen a un cuarto de los recursos tributarios. Es insostenible el funcionamiento del Estado destinando tantos ingresos del sector público solo para pagar intereses de la deuda.
No hay posibilidad de preservar legitimidad política y de impulsar el crecimiento económico y, por lo tanto, la generación de recursos para pagar la deuda, sin antes liberar fondos del presupuesto que una cesación de pagos permitiría. Esto implica que los acreedores tienen que primero aceptar no cobrar, admitir cambios en las condiciones (quita de capital, plazos de pagos y tasa de interés), para luego empezar a cobrar.
El FMI
Por eso el candidato a presidente por la principal fuerza de la oposición, Alberto Fernández, dice que los dólares del FMI han financiado la campaña electoral más cara de la historia.
Fernández y su equipo de economistas plantean que el FMI asuma su responsabilidad en la catástrofe económica provocada por el plan de Macri. No están evaluando la necesidad de convertir el stand by en un extended fund facility (servicio ampliado del FMI), puesto que este último programa viene acompañado de la exigencia de realizar las reformas laboral y previsional ortodoxas que Fernández rechaza.
Cómo se resuelvan ambos frentes financieros, la reestructuración de la deuda con el sector privado y la relación con el FMI definirán la suerte del próximo Gobierno tanto en la cuestión de legitimidad política como en la de poder iniciar la recuperación de la economía.