"Ahora la cancha está a favor para Martín Vizcarra", analizó, en diálogo con Sputnik, Hidalgo, en referencia a que el presidente logró consolidar el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, apenas minutos después de que el Congreso resolviera desconocerlo y nombrar como presidenta en funciones a la segunda vicepresidenta Mercedes Araoz.
Del otro lado, el Congreso parece no querer quedarse quieto. Hidalgo indicó que el Legislativo se ha dedicado a intentar "buscar apoyo en el exterior", algo que quedó plasmado en el discurso de 'asunción' de Aráoz en el que manifestó su intención de recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que facilite un espacio de "reconciliación y diálogo".
Sin embargo, la clave para la salida de la crisis política peruana podría estar en el medio entre el Ejecutivo y el Congreso. Para Hidalgo, la postura que adopte el Tribunal Constitucional (TC) de aquí en más será gravitante para el futuro del sistema político peruano.
Tal como lo define la Constitución en su artículo 201, el TC "es el órgano de control de la Constitución" y tiene carácter "autónomo e independiente". Integrado por siete miembros en funciones por períodos de cinco años, el TC está encargado de determinar la posible inconstitucionalidad de las leyes, así como resolver sobre los recursos de habeas corpus, habeas data, conflictos de competencia o "de atribuciones asignadas por la Constitución".
La voluntad de consultar al TC obedecía al temor del Congreso de que el Gobierno de Vizcarra interpretara el rechazo a su reforma política como una negativa a la 'cuestión de confianza' y diera paso al cierre del Legislativo, algo que finalmente sucedería meses después.
Hidalgo recordó que, al haber finalmente un acuerdo en torno a la reforma planteada por el Gobierno, el Congreso nunca concretó la consulta. Sin embargo, la habilitación quedó aprobada, dejando al Parlamento con un "as bajo la manga" que, según Hidalgo, podría ser utilizada ahora.
"En la Junta de Portavoces (del Congreso) se discutió la posibilidad de presentar esa acción de competencia pero para consultar si el presidente puede disolver el Congreso", explicó el analista.
Así, el Congreso buscaría que el Tribunal Constitucional avale su postura, que entiende que Vizcarra se extralimitó al disolver el Congreso antes de que fuera tratada la nueva 'cuestión de confianza' enviada el último fin de semana de septiembre. En efecto, y tal como lo había anunciado previamente, Vizcarra interpretó que la confianza había sido negada al no ser tratada por los legisladores antes de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional en la sesión del 30 de septiembre.
El analista apuntó además que la situación podría tornarse más compleja si el Congreso no retoma sus funciones antes de noviembre, cuando debe votarse un nuevo presupuesto para el Gobierno. La falta de una nueva norma presupuestal podría, de hecho, entorpecer la labor de gobernadores y alcaldes.
La actividad del Tribunal Constitucional tampoco está libre de controversias, ya que sus siete miembros debieron haber cesado en su cargo el 3 de junio de 2019. "El Congreso debió elegir (a los nuevos integrantes) pero no le interesó", recordó Hidalgo, apuntando que recién en las últimas semanas "se inició un proceso acelerado de elección de magistrados".
En ese sentido, señaló que "se generó una suspicacia" en torno a la elección de los nuevos integrantes, dado que el recambio de miembros coincide con el momento en que el TC está deliberando la situación procesal de Keiko Fujimori, candidata presidencial en 2016 y líder de Fuerza Popular, el partido político con mayoría en el legislativo.
Ante la incertidumbre institucional, el TC decidió este 1 de octubre suspender la audiencia sobre el caso Fujimori prevista para el 2 de octubre, sin especificar en qué fecha se retomará la causa.
Comunicado del Tribunal Constitucional del Perú pic.twitter.com/m20YJ1ekRf
— Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) October 1, 2019
También el 1 de octubre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, difundió una declaración en la que sostiene que "compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas".
