"El fallo de la justicia es una buena noticia porque ganamos absolutamente todo lo que le pedimos a la Corte Suprema", afirmó Van der Meer.
Van der Meer, líder en Chile de la organización internacional dedicada a la protección de los océanos, explicó que el año pasado al aprobar el plan, el Tribunal Ambiental sólo revisó las formalidades de los procesos, "ahora deberán ver los temas de fondo y ahí están las debilidades del proyecto".
"Dominga presentó una línea de base teórica con información muy añeja, sin considerar los avances actuales de la ciencia, y algunos de sus estudios de impacto en las ballenas por ejemplo se hicieron en dos días, en un mes de invierno cuando ni siquiera había ballenas", aseguró.
La activista explicó que la nueva evaluación del Tribunal Ambiental la realizarán otros jueces, porque "los del año pasado quedaron inhabilitados y no podrán ver este tema".
Cerca de la costa de La Higuera se emplaza el Archipiélago de Humboldt, un conjunto de islas donde viven especies en peligro de extinción como el chunchungo (gato de mar), el petrel buceador, el yunco y el 80% de la población de pingüinos de Humboldt del planeta.
Además, allí se emplazan diversas especies endémicas tanto marinas como terrestres, y más de 14 especies de cetáceos, constituyendo una zona de importancia mundial por su biodiversidad.
"En ese lugar se encuentra el 80% de la población de pingüinos de Humboldt del planeta, es una zona de tránsito de alimentación de ballenas y además, el proyecto afecta a toda una comunidad de vecinos, pescadores y trabajadores del turismo que en los últimos años se han manifestado contra la iniciativa", afirmó.
Dominga es un proyecto de la minera chilena Andes Iron que está valorado en 2.500 millones de dólares y que pretende extraer 150.000 toneladas de concentrado de cobre y 12 millones de concentrado de hierro en 26 años.
Además, propone la edificación de un mega puerto en la costa de La Higuera para exportar inmediatamente el material que se extraiga de la mina.
Esta desavenencia terminó con la renuncia de los ministros Rodrigo Valdés (Hacienda) y Economía (Luis Céspedes) y finalmente el proyecto fue rechazado por el Gobierno, que argumentó que la biodiversidad podría verse afectada.
En 2017, la empresa Andes Iron inició una ofensiva para revertir esta decisión y el 27 de abril de 2018 el Tribunal Ambiental de Antofagasta (norte) determinó que el rechazo al proyecto no fue legítimo.
El 26 de septiembre la situación volvió a dar un giro cuando Oceana y otras organizaciones ambientales lograron que la Corte Suprema desestimara la última decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, y ordenara nuevas evaluaciones.
