Entre fines de agosto y septiembre de 2018 más de 1.700 chilenos fueron envenenados por inhalar gases tóxicos. Ellos viven en la zona de sacrificio que comprende la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, donde hay 19 industrias contaminantes que largan humo día y noche. Hasta hoy no se sabe cuáles fueron los gases que produjeron los envenenamientos, ni de qué empresas provinieron.
En febrero la Justicia argumentó que no se pudo determinar la responsabilidad de las empresas y que el Estado sí había tomado medidas para frenar el daño socioambiental, y desestimó las denuncias. Las organizaciones llevaron el caso ante la Corte Suprema.
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El martes 28 se conoció el fallo: el máximo tribunal acogió ocho de los 12 recursos presentados y ordenó 15 medidas inmediatas, entre ellas, realizar estudios para determinar cuáles son los gases, elementos o compuestos presentes en la zona de sacrificio, así como instalar filtros y dispositivos que midan las emanaciones.
El pronunciamiento de la Justicia cuestiona la responsabilidad de las industrias en la emergencia ocurrida en agosto de 2018, mientras que se acusa a las autoridades de no haber tomado medidas de prevención.
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"Se acabó la impunidad medioambiental para el Chernóbil chileno", fueron las palabras de Greenpeace Chile tras conocer el fallo. "Nos alegra que se termine con la indefensión en la que han vivido miles de chilenos por tanto tiempo", dijo en un vídeo Matías Asun, director nacional de la organización.
"En la práctica es un reconocimiento claro de que el Estado no ha estado cumplido su obligación de garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de la zona" - @matiasasun #Puchuncavi #ChaoCarbon pic.twitter.com/ibYcDIrbFf
— Greenpeace Chile (@GreenpeaceCL) 28 de mayo de 2019
En los alegatos presentados ante la Corte Suprema, la defensa legal de las personas afectadas en 2018 hizo hincapié en que el episodio de envenenamiento masivo no puede considerarse un hecho aislado, como plantearon las industrias en su defensa.
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"Nosotros que conocemos el caso y que llevamos años en el territorio, no hay nada que nos garantice que eso no pueda volver a suceder. Ni siquiera el plan de descontaminación, que es súper acotado. A pesar de que dentro de sus objetivos está la descontaminación, si tu lees su contenido, no sirve para descontaminar", dijo a Sputnik en abril Alejandra Donoso, una de las abogadas que llevó el caso ante la Corte Suprema.
Sin embargo, señalaron que "esta respuesta no soluciona el problema de fondo que aqueja a esta zona de sacrificio", publicaron en un comunicado en su web.
Por ello hacen un "llamado a las instituciones pertinentes a trabajar éticamente en la construcción de una normativa más robusta que genere las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación de las comunidades".
