"Numerosos convenios internacionales y estándares estipulan que las personas tienen derecho a la movilidad: restringirla en estos encierros deja secuelas a nivel psicológico y provoca en las personas más ansiedad, violencia [y] enfermedades", advirtió la especialista.
Los pandilleros presos en los 28 centros penitenciarios de esta nación centroamericana llevan casi tres semanas sin salir de celdas donde permanecen hacinados, pues Bukele ha prorrogado el estado de emergencia en las prisiones como medida de presión para que cesen los asesinatos, las extorsiones y la inseguridad en las calles.
Arteaga descartó que tal encierro tenga algún efecto real en el control de los presos, y negó que la seguridad pública de quienes estén fuera de prisión pueda negociarse con la violación de los derechos de quienes están dentro.
No obstante, el presidente Bukele negó que la medida esté violentando los derechos de las personas privadas de libertad.
"Nadie está negando los derechos humanos de los delincuentes, pero hay gente que se olvida de los derechos humanos de los demás", se justificó el mandatario en rueda de prensa junto a su Consejo de Seguridad.
Fracaso de la mano dura
Arteaga se refirió a los planes Mano Dura (2003) y Súper Mano Dura (2004), que contemplaban el encierro como medida de contención de las pandillas, y que lejos de suponer un golpe para estos grupos, los fortalecieron.
"Las pandillas se consolidaron como un espacio de autoridad dentro de las prisiones, o sea, esto no funcionó en el pasado y definitivamente no funcionará ahora", enfatizó la abogada, quien recomendó otras medidas de control, como registros más eficientes de lo que entra y sale del penal, bloqueo de señales de teléfonos móviles, entre otras.
El anterior Gobierno de El Salvador también fue criticado por la implementación en 2016 de las llamadas "medidas extraordinarias de seguridad", que si bien revirtió el alza de los homicidios, fueron duramente cuestionadas por la sociedad civil y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente afirmó, citando supuestos informes de inteligencia, que 80% de las órdenes de homicidio y extorsión salen de las prisiones, de ahí su énfasis en reforzar el control en la sobresaturada red carcelaria del país.
La fase inicial del plan Control Territorial, implementado por el actual Gobierno el 20 de junio pasado, consiguió el bloqueo total de la señal telefónica y los mensajes de audio y texto desde las cárceles, algo estipulado por el anterior plan El Salvador Seguro, pero que nunca fue cumplido.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 29, 2017
Después la Dirección General de Centros Penales (DGCP) rompió un protocolo establecido desde el gobierno de Antonio Saca (2004-2009), de separar por prisiones a efectivos de las principales "maras" (pandillas) del país: la Salvatrucha o MS13, la Barrio 18 Sureños y la 18 Revolucionarios.
Por demás, el hacinamiento carcelario disminuyó con el Plan El Salvador Seguro, pero aún es elevado, las celdas están al triple y más de su capacidad, y en esas condiciones los reos llevan ya casi tres semanas sin la breve salida a tomar al sol que les permitían en días alternos.
La administración de Bukele demanda unos 575 millones de dólares para implementar las seis fases del Control Territorial durante los próximos tres años, y la Asamblea Legislativa (Parlamento) ya autorizó varios refuerzos presupuestarios para financiar los planes del Gobierno.
