El Tribunal de Apelación de Roma condenó en ausencia este lunes 8 a 24 represores sudamericanos a cadena perpetua, procesados por la desaparición y muerte de 23 opositores de origen italiano.
Todos los uruguayos involucrados en la causa fueron condenados a cadena perpetua. Entre ellos Jorge Tróccoli, José Ricardo Arab Fernández, José Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray y Pedro Antonio Mato Narbondo. El excanciller Juan Carlos Blanco ya había recibido esta condena en un primer fallo.
"Es una gran alegría, un alivio para todos los familiares y para quienes colaboramos para que hubiera justicia. No se había discutido la prueba en primera instancia, sino el grado de responsabilidad de estas personas en el resultado final", dijo Guianze, testigo del juicio, a En Órbita.
Con el fallo, el Tribunal cambió la sentencia de primera instancia de enero de 2017, que estableció ocho cadenas perpetuas y absolvió por prescripción a 19 imputados.
Los fundamentos de la sentencia estarán en 90 días, pero Guianze destacó que la Justicia hallara culpables a todos los imputados uruguayos de secuestros y homicidios, y que los condenara a cadena perpetua.
En la causa también estaba acusado el exdictador uruguayo Gregorio Álvarez (1981-1985), quien falleció en diciembre de 2016, pocos días antes del fallo de primera instancia.
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La sentencia resulta particularmente importante en el caso del represor Tróccoli. Esta es la primera vez que debe enfrentar un fallo judicial por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura en Uruguay (1973-1985).
"Es de capital importancia el caso de Tróccoli, quien se fugó de su país y no se lo pudo juzgar. Es una ratificación para lo que se trabajó en los juicios de Uruguay. Se discutió el grado de responsabilidad que cabía a personas en determinadas escalas de mando", explicó Guianze.
"Se condenó solo al vértice. Había temas que tienen que ver con la coautoría y el dolo eventual y que conoceremos los fundamentos del Tribunal en 90 días. Esas pruebas eran suficientes para el resultado final", agregó.
La investigación liderada por el fiscal Giancarlo Capaldo insumió 20 años hasta derivar en este fallo judicial histórico.
La medida se aplicará en Antofagasta, al norte del país, y en Quilpué, en la región de Valparaíso. También en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Colina y La Florida en la capital, Santiago.
"No se consideró la opinión de los afectados. Una restricción de movilidad tiene rango constitucional. Realizan una ordenanza sin consultar a la gente, esconden legalidad", dijo a En Órbita Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas.
Para la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Instituto de la Juventud y organizaciones sociales y políticas, la restricción horaria viola los derechos de niños y niñas.
"Esta iniciativa forma parte de una campaña de criminalización de la juventud", dijo Sánchez.
Teherán había dado 60 días de plazo a los países europeos firmantes del acuerdo para compensar el impacto de la retirada unilateral de EEUU en 2018 y las posteriores sanciones contra el país islámico.
"Irán está en condiciones de elevar el enriquecimiento de uranio hasta el 20%, aunque por el momento no hay necesidad de hacerlo", advirtió el portavoz del organismo, Behruz Kamlvandí, citado por la agencia Isna.
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