"Le recordamos al presidente Hernández que, de acuerdo con el derecho internacional, las Fuerzas Armadas no deben participar en las tareas de seguridad, y mucho menos para restringir o violentar los derechos de las personas a manifestarse pacíficamente", reza la misiva de Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La funcionaria recomendó al Gobierno hondureño evitar el uso excesivo de la fuerza y garantizar los derechos humanos en el marco de las protestas sociales, las cuales han sido reprimidas con gases lacrimógenos, armas de fuego y toletazos por parte de las fuerzas de seguridad, incluido efectivos del Ejército.
"Exhortamos al gobierno de Juan Orlando Hernández que garantice los derechos de libertad de expresión y asamblea pacifica, limitando el uso de la fuerza al mínimo necesario y proporcional, para evitar más lesiones y muertes", agrega Guevara en la carta, publicada en la web oficial de Amnistía Internacional.
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El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) reportó que, aparte del Ejército, la Policía Preventiva y las Fuerzas Policiales, "empleados gubernamentales de asistencia social apoyan a los militares en calidad de grupos civiles de choque, a veces armados, contra las manifestaciones populares".
"Hernández usa las Fuerzas Armadas para cerrar por la fuerza los espacios de expresión pacífica de la oposición social y política, los únicos existentes, en tanto el régimen controla el sistema tradicional de medios, induce noticias falsas y propaganda de culto la personalidad a través de redes", agrega Cofadeh en un comunicado.
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la continuidad de los hechos de violencia en Honduras, y recordó que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana "deben estar primordialmente reservados a cuerpos policiales civiles".
"La CIDH hace un llamado a garantizar la efectividad y legitimidad de las mesas de diálogo a través de una amplia y representativa participación y llama al Gobierno a que en cualquier proceso de diálogo deben participar todas las partes involucradas", publicó la Comisión en su cuenta de Twitter.
(4) Finalmente, la @CIDH hace un llamado a garantizar la efectividad y legitimidad de las mesas de diálogo a través de una amplia y representativa participación y llama al Gobierno a que en cualquier proceso de diálogo, deben participar todas las partes involucradas.
— CIDH (@CIDH) 21 июня 2019 г.
Los integrantes de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación retomaron el 21 de junio las calles para exigir al Gobierno mejoras en la prestación de servicios a la población, aunque las manifestaciones también reclaman la renuncia de Hernández.
Las protestas contra Hernández comenzaron en mayo pasado, en reclamo por la derogación de los decretos ejecutivos PCM-026 y PCM-027, considerados la base para una futura privatización de la educación y la salud pública en Honduras, con una consiguiente ola de despidos.
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El Gobierno derogó ambos decretos, pero persisten las protestas que reclaman la renuncia de Hernández, a quien muchos consideran un "usurpador" por el supuesto fraude electoral que propició su reelección presidencial en 2017.
