"La cuestión de confianza es un mecanismo contemplado en la Constitución por el cual un ministro o el primer ministro pide el respaldo al Congreso respecto a una política pública o a un conjunto de normas (…) y que podría conducir a la disolución del parlamento", dijo Godoy, magíster en ciencia política y gobierno por la Pontificia Universidad Católica de Perú.
En esta ocasión se trata de la reforma del sistema político que impulsa el presidente Martín Vizcarra, y que está reflejada en cinco proyectos de ley que el Ejecutivo presentó al Legislativo, pero cuyo trámite parlamentario está frenado.
Los proyectos proponen la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos a fin de que no reciban dinero ilícito, la participación de las mujeres con paridad y alternancia en las listas electorales, la prohibición de que personas procesadas por delitos graves se postulen a cargos públicos, la celebración de elecciones primarias y la colocación de la inmunidad parlamentaria bajo control de la Corte Suprema de Justicia.
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Este último punto despojaría al Congreso de la potestad de retirar los fueros legislativos a sus miembros, y la pondría en manos del máximo tribunal de justicia.
"La cuestión de confianza la presentan los ministros porque el presidente, en el sistema peruano, no puede tener ninguna iniciativa si no es a través de sus ministros; el sistema político peruano indica que hay responsabilidades políticas en los ministros y por tanto a quien censura el Congreso es a los ministros, no al presidente", explicó Godoy.
La censura es la negativa a dar el voto de confianza.
Una vez que la cuestión de confianza está presentada al Congreso, el presidente del cuerpo debe convocar a los voceros de las bancadas para establecer una fecha en la que el primer ministro comparecerá ante el pleno.
Fijada la fecha, el primer ministro acudirá al pleno y expondrá lo que pretende el Gobierno justificando por qué es necesaria la aprobación de los cinco proyectos de ley.
Una vez concluida la exposición, el pleno debatirá si debe o no debe dar el respaldo al pedido del primer ministro.
La votación se decide por mayoría simple de los parlamentarios presentes.
Si los congresistas votan a favor de dar tratamiento a los proyectos de ley, están dando un voto de confianza al primer ministro y a su gabinete.
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Si los congresistas rechazan por mayoría el pedido del primer ministro, esto constituye una censura que produce una "crisis total de gabinete" y la renuncia de todos los ministros.
En el actual período ya hubo un voto de censura al gabinete en 2017.
Si esto se reiterara, Vizcarra podría disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas en un plazo no mayor a cuatro meses.
Sin embargo, "hay que enfatizar que el presidente podría disolver el Congreso, pero no está obligado a hacerlo si se produce una segunda censura; esa potestad es facultativa", dijo Godoy.
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Pero el politólogo cree que en el escenario actual, "Vizcarra tiene la intención de proceder con la disolución".
Godoy precisó que, para eludir la disolución, el Congreso debe votar a favor de la aprobación del todos los proyectos, porque una aprobación parcial también constituiría una censura al primer ministro y a su gabinete.
Desde el momento en que el Congreso quede disuelto, funcionará una Comisión Permanente, cuyo titular es el presidente del parlamento y cuya tarea será revisar decretos supremos que pueda emitir el Poder Ejecutivo para legislar y traspasar el mando a las nuevas autoridades legislativas que resulten electas.
