"Si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador", advirtió la expresidenta de Chile en una nota de prensa difundida por la ACNUDH.
El proyecto fue presentado por Rodolfo Parker, diputado del Partido Demócrata Cristiano (derecha) y presidente de una comisión creada en 2016 por la Asamblea Legislativa (Parlamento) para elaborar una nueva ley de reconciliación nacional, tras ser declarada inconstitucional la existente.
En su primer párrafo, la propuesta presentada por Parker establece que "se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector al que hubieren pertenecido".
Además, el anteproyecto contiene cláusulas que impedirían la investigación, el encausamiento y la sanción de graves delitos perpetrados durante una guerra en la que fueron asesinadas más de 75.000 personas, según la Comisión de la Verdad de la ONU.
"Las amnistías para los delitos más serios, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, son contrarias a la ley internacional", enfatizó Bachelet.
En tanto, el presidente electo Nayib Bukele, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha), dijo en su cuenta de la red social Twitter que "esta ley es ilegal e injusta. Y no podemos permitir que sea aprobada".
El propósito de una nueva ley, señala la Alta Comisionada, es garantizar la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas, y ofrecer garantías de que esos delitos no se repetirían.
"En lugar de lograr estos objetivos cruciales, el anteproyecto presentado podría impedir que los derechos de las víctimas se cumplan. Y al otorgar impunidad a los autores de delitos muy graves, aumentaría la probabilidad de que esos hechos se repitiesen", advirtió Bachelet.
La funcionaria destacó el avance en la búsqueda de justicia en casos como la masacre de El Mozote y municipios aledaños, perpetrada en diciembre de 1981, cuando militares del escuadrón Atláctl mataron a más de 1.000 civiles.
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En su mensaje, Bachelet exhortó a los parlamentarios salvadoreños a crear las condiciones para la reconciliación mediante una ley que permita la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición en beneficio de las víctimas, y ofreció la asistencia técnica de la ACNUDH.
