La cifra supone un incremento de 45,8% respecto a 2017 y eleva la tasa de Uruguay a 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América del Sur.
"Esto demuestra un fracaso, porque si sistemáticamente los resultados son negativos, y han sido (negativos) quiere decir que las cosas no están funcionando", dijo a Sputnik el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana Fundapro, Guillermo Maciel.
Fundapro lleva un registro paralelo de los homicidios que se cometen en Uruguay y publica informes sobre la situación de la seguridad pública en el país sudamericano.
Para Maciel, integrante del opositor Partido Colorado, la reestructura policial que realizó el Gobierno en 2012, a la que calificó de "negativa", explica la tendencia al alza de los homicidios.
Sin embargo, para el criminólogo Nicolás Trajtenberg, el Gobierno nunca tuvo una política en materia de seguridad, por lo cual no puede hablarse siquiera de fracaso.
"No hay una política clara a todo nivel, entonces es difícil decir que fracasó cuando ni siquiera nunca estuvo sistemáticamente planteada, con sus objetivos, planteando qué proceso llevarían adelante y qué harían", destacó el especialista, doctor en Criminología por la universidad de Cambridge y uno de los coordinadores del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Universidad de la República.
Efecto noviembre
El director de Fundapro cuestionó además algunos aspectos del nuevo Código Procesal Penal (CPP), que entró en vigencia el 1 de noviembre de 2017.
La normativa supuso un cambio del sistema inquisitorio a uno acusatorio y habilita la realización de juicios abreviados, que ofrecen la posibilidad de reducir las penas o sustituir la prisión preventiva por figuras como la libertad vigilada.
"Si el delincuente lo que percibe es que hay pocas chances de que lo agarren, en caso de que lo agarren está difícil que consigan la prueba, y son altas las posibilidades de que no vaya preso, pero si lo procesan con prisión tienen muchísimas chances de salir antes… todas las señales son hacia el delincuente", criticó Maciel.
Las autoridades se refieren a su aplicación como el "efecto noviembre".
Las denuncias de rapiñas fueron 29.904 en todo el país durante 2018, un incremento de 53,8% respecto al año anterior.
Según datos del Observatorio en los 12 meses previos a la entrada en vigencia del CPP, se denunciaron en promedio, mensualmente, 1.266 rapiñas.
En el año siguiente a la implementación del nuevo código, el promedio mensual de denuncias de rapiñas fue de 1.887.
"Dentro de lo que es la disuasión del delito, la administración de justicia juega un papel importante. Si sé que cometo un delito pero la pena para mí no me afecta, lo cometo. Si cometo un delito y sé que voy 30 años a la cárcel, capaz que no. O por lo menos lo pienso. También si pienso que para probar este delito se exige esto, esto y esto, y entonces va a ser muy difícil que lo prueben, lo hago", dijo a Sputnik el director de la Policía Nacional, el comisario Mario Layera.
Según el jerarca, el nuevo CPP "rompió" la estrategia de la policía y fue un incentivo para el aumento del delito.
Sin embargo, Maciel considera que sus críticas a la nueva legislación son "desde otro ángulo" que las que realiza la policía, "porque el Ministerio del Interior le atribuye el 100% de responsabilidad" al nuevo código por el incremento de los delitos.
"No hay una sola autocrítica", añadió.
Situación desventajosa
Para Trajtenberg, en cambio, "hay muchas maneras razonables" para adoptar esa "presunción" de que la nueva legislación fue un detonante para el aumento del delito, pero es un razonamiento "apresurado, poco cauteloso y falto de la evidencia necesaria".
En esta línea, el especialista criticó la falta de datos extraoficiales y advirtió sobre los aspectos negativos de no contar con información precisa sobre el fenómeno de la delincuencia.
El criminólogo dijo que pese a la tendencia de crecimiento del delito en las últimas dos décadas, los nuevos datos revelan cifras que ponen a Uruguay en una "situación bastante desventajosa, no ya con países europeos desarrollados, no ya con los países europeos mediterráneos, sino con varios países latinoamericanos".
No obstante, sostuvo que hay que "tomar con cuidado" estos datos, porque suponen un salto estadístico "demasiado grande" respecto a cómo venía creciendo el delito.
"Puede haber un año atípico; si bien el crecimiento es preocupante, no quiere decir que vayamos a seguir con esta tendencia", señaló.
Datos del Monitor de Homicidios del instituto Igarapé de Brasil muestran que Argentina tiene una tasa de seis homicidios cada 100.000 habitantes (datos de 2016); Chile de 3,5 homicidios cada 100.000 habitantes (2017) y Perú de 7,8 homicidios cada 100.000 habitantes (3017).
Brasil, uno de los países más violentos de América del Sur, tiene una tasa de 30,8 homicidios cada 100.000 habitantes, según cifras de 2017 del Foro Brasileño de Seguridad Pública.
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El promedio de América del Sur es de 14,5 homicidios cada 100.000 habitantes.
