Cuando Ana Enamorado comenzó a denunciar que habían querido entregarle cenizas de su hijo desaparecido sin que hubiese pruebas periciales o forenses que lo sustentaran, no imaginó que lo mismo había sucedido con más de 1.500 cadáveres en Jalisco.
A comienzos de este año, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) publicó un informe que reveló cómo los cuerpos sin identificar que estaban en custodia del Centro Jalisciense de Ciencias Forenses fueron cremados durante años, sin que se hayan tomado muestras genéticas para identificar a esas personas.
El caso
Óscar López tenía 17 años en 2008, cuando otros dos amigos lo invitaron a que se fuera con ellos a EEUU. Ana, su madre, mantuvo contacto con su único hijo mientras éste llegó a Texas y se instaló en Austin a trabajar. Un año después, el jovencito conoció a dos amigos mexicanos que le dijeron que en Jalisco le darían trabajo.
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"Después de unos meses que Óscar estaba en Jalisco me llamó un señor y me dijo que mi hijo le había chocado una camioneta y que le enviara dinero para cubrir los daños. Después de que pagué, no me contestaban las llamadas ni podía comunicarme con mi hijo", relató Ana Enamorado a Sputnik, en la Ciudad de México, donde se instaló en 2012 para buscarlo.
"Recibí la última llamada de Óscar el 19 de enero de 2010, pero yo no entendía, no sabía si mi hijo estaba desaparecido o no", explicó su madre.
"Pensábamos hacer las búsquedas como las hace el movimiento, con la última información que teníamos, íbamos a ir a un pueblo que se llama El Carrizo", narró. Esa localidad había sido mencionada por el hombre al teléfono que le pidió dinero.
Buscando en internet cómo llegar al sitio, encontraron la noticia de que una camioneta registrada por ese hombre había sido hallada quemada con tres cuerpos adentro, cerca de un pueblo llamado San Sebastián del Oeste.
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Lograron dar con el reportero de la noticia, quien les aconsejó que no entraran allí, ya que ni la Policía lo hacía. Ana quería ir de todos modos, estando tan cerca del punto del último indicio que tiene de su hijo. Pero descartó que se tratara de Óscar, porque ella había hablado con él por última vez un mes después del hallazgo de esos cuerpos quemados.
Eso fue en febrero de 2013, tres años después de la desaparición de Óscar. En abril de ese año, le tomaron a Ana muestras de su ADN para cruzarlas con los cadáveres sin identificar, que entonces ya eran demasiados.
Por esas mismas fechas, le enseñaron las fotografías de un cuerpo que estaba en la morgue de Jalisco. Ana dice que en el pelo y las cejas se parecía un poco a su hijo, pero que no estaba segura. Que es muy diferente cómo se ve una persona cuando está viva y cuando está muerta. Solicitó que se le hiciera el análisis genético. Cuando preguntó por el resultado, le dijeron que había sido negativo.
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Demos un salto hasta 2015. Como Ana seguía sin tener noticias, ni avances de la investigación judicial, se presentó un día en Guadalajara ante su asesor jurídico exigiendo respuesta. Mucho tuvo que insistir para que le dijeran que el caso había sido trasladado al fuero común, en Puerto Vallarta. Logró comunicarse por teléfono con el nuevo investigador de la desaparición de su hijo, quien volvió a mencionar aquel cuerpo, del que le habían mostrado fotos.
"Sí, es el hijo de la señora, estaba colgado de un puente peatonal de Zapopan. Le encontraron un teléfono celular con un número registrado que dice mamá, y es de Honduras", le dijo por teléfono el ministerio público de su caso.
"¿Por qué está tan seguro que es mi hijo? ¿Dónde está ese cuerpo?", le retrucó la madre al abogado del otro lado de la línea. "No está, ese cuerpo fue incinerado", respondió él y abrió un abismo.
Una práctica sistemática
Según el informe 'Crímenes sin justicia' del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha incinerados cuerpos desde su fundación en 1998, porque consideró esta práctica "más digna" que enviarlos a fosas comunes.
A fines de 2015, el colectivo 'Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco' expresó públicamente que "por tercera vez en menos de un mes se intentó entregar las cenizas de un desaparecido sin que existieran pruebas periciales ni forenses que sustentaran el dicho de la agencia del Ministerio Público especializada en desapariciones y del personal de IJCF"
Las familias denunciaban que las autoridades habían querido entregarle las cenizas de un cuerpo cremado a una familia con un desaparecido, insistiendo que se trataba de la persona buscada, sin haberle tomado pruebas de ADN ni cotejado con el perfil genético de las muestras brindadas por las familias.
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Por medio de pedidos de información pública, el Cepad obtuvo las cifras oficiales de ésta práctica, que además varían. En un primer informe, el IJCF señaló que entre 2006 y 2018, se incineraron 1.560 cuerpos. Más tarde reconoció que habían sido 1.571.
Los datos anteriores a 2006 hasta 1997 fueron depurados, pero según dos referencias periodísticas corresponderían a otros 1.200 cuerpos más.
Las autoridades involucradas en el caso de la desaparición del hijo de Ana Enamorado nunca pudieron mostrarle el informe con el resultado negativo de ADN que dijeron haberle practicado a ese cuerpo cremado, así como tampoco la orden de incineración del mismo.
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Tampoco existe la ropa con la que fue hallado ni el teléfono que el investigador le mencionó, ni el registro de las llamadas del mismo o siquiera el número que tenía registrado bajo el contacto "mamá". No hay nada.
"Fue indignante, sentí mucho dolor, tristeza, indignación, tanta impunidad y corrupción. Cuando escuché esas cifras, recordé lo que quisieron hacer conmigo, que fue lo peor que me han hecho", dijo Ana Enamorado a Sputnik.
"Yo estoy con esa incertidumbre de si lo voy a encontrar o no. Si ese cuerpo era de mi hijo y lo incineraron, es imposible encontrarlo, como también lo es para esas 1.581 familias. Las autoridades son las que terminan de desaparecer a los desaparecidos", concluyó.
