"El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas atenderá este lamentable asunto con un plan del Gobierno, con el compromiso de que nunca más se va a utilizar la fuerza ni a declarar la guerra para enfrentar problemas de inseguridad", dijo el mandatario mexicano en conferencia de prensa.
Esa tragedia nacional de la violencia del crimen organizado y su combate mediante una guerra frontal "surgió por la desatención al pueblo, por el modelo económico neoliberal que se aplicó en beneficio de una minoría rapaz, que desató la inseguridad, la violencia, la paz y la seguridad son fruto de la justicia", enfatizó el jefe del Ejecutivo.
Por su parte, Alejandro Encinas, titular de la oficina de Derechos Humanos de la cartera de Gobernación, encargada de la política interna, dijo en la conferencia que "uno de los signos más ominoso del régimen anterior es que actualmente tenemos 40.000 personas desparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas sin explorar y 26.000 cuerpos de fallecidos sin identificar, es una crisis humanitaria".
"La prioridad es la búsqueda de personas con vida, y de las que sean víctimas de la trata de personas y de migrantes en rutas donde están situaciones de riesgo", agregó.
El titular de la oficina de Derechos Humanos detalló que "de 8 a 10% de los desaparecidos son migrantes, la mayoría procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica [Guatemala, Honduras, El Salvador]".
El plan nacional de búsqueda
El programa revisará el mecanismo federal y provincial de atención a periodistas y defensores de derechos humanos y fortalecerá las comisiones ejecutivas en los estados.
El Gobierno anterior solo ejerció en esta materia seis millones de pesos (300.000 dólares), "la ley estuvo en el papel, sin capacidades de las dependencias e instituciones para ejecutarlo", mientras que el nuevo Gobierno, que comenzó el 1 de diciembre, destinó este año 400 millones de pesos [20 millones de dólares] para la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, y el Sistema Nacional de Seguridad destinará recursos por 7.500 millones de pesos [unos 375 millones de dólares].
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Finalmente expresó el compromiso de cumplir con recomendaciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
