Ocurrió el 18 de julio de 1994. Un coche bomba cargado con más de 200 kilogramos de explosivos estalló frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Aún hoy, en 2019, no se sabe quiénes fueron los responsables de este acto terrorista.
"Después de 25 años nosotros consideramos que el encubrimiento es tan serio como el atentado en sí, porque por culpa de estos encubridores no pudimos saber la verdad. Si había algo para saber ellos, nos lo ocultaron", dijo a Sputnik Adriana Reisfeld, cuya hermana Noemí falleció como víctima del atentado terrorista.
"Era asistente social, tenía 36 años, dos nenas. De ahí en más cambió nuestra vida para siempre, radicalmente. (…) Arruinaron nuestras vidas y no dejaron a vivir a mi hermana, como joven, una vida feliz", relató Reisfeld, integrante de Memoria Activa, un colectivo de familiares de víctimas que pide verdad y justicia sobre el atentado a la AMIA, así como al que ocurrió en la Embajada de Israel en 1992.
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Entre los condenados están el juez de la causa inicial, Juan José Galeano (seis años de prisión); el exjefe de la Secretaría de Inteligencia, Hugo Anzorreguy (4,5 años); el vendedor de coches Carlos Telleldín (acusado de proporcionar el vehículo que explotó, 3,5 años); la esposa de Telledín al momento del atentado, Ana María Boragni (dos años).
Las condenas están lejos de los que pedía la querella: 13 años para Galeano, acusado de pagar 400.000 dólares provenientes de la inteligencia a Telleldín para que con su testimonio involucrara a cuatro miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; seis años para Anzorreguy; y ocho para Mullen y Barbaccia.
Resultaron absueltos el expresidente Carlos Menem; el excomisario de la Policía Federal, Jorge Palacios; el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), Rubén Beraja; y el abogado Víctor Stinfale.
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Para el expresidente se pedían cuatro años de prisión, bajo la acusación de haber desviado la investigación sobre la "pista siria", que involucraba a un empresario amigo suyo en el atentado.
El abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, explicó a Sputnik que las pruebas presentadas demuestran "vinculaciones sólidas" de los imputados, que "no fueron refutadas". En ese sentido, la sentencia condenatoria que exigen los querellantes "es más que necesaria para reparar tanto encubrimiento, tanta actividad inescrupulosa que impidió que los familiares a 25 años de ese atentado terrorista sepan qué pasó". Además, exigen que finalmente "haya condenados" por este acto terrorista.
Más allá de las condenas, para Borda es importante simbólicamente el juicio y alcanzar penas altas como "un reproche" de las conductas irregulares que obstaculizaron la investigación inicial".
Mencionó la destrucción de pruebas, el uso indebido de escuchas telefónicas, testimonios que buscaban desviar el eje de la atención, entre otras.
"Que un juez, o un fiscal se plieguen a este tipo de cosas y actúen en contra de la ley merece un castigo. La agencia de inteligencia no puede tener este tipo de conductas como auxiliares de maniobras ilegales de la justicia", dijo el letrado a Sputnik.
Según dijo, "hay otras instancias" tanto a nivel nacional como internacional, pero juzgó "escandaloso" que dada "la contundencia de las pruebas se dé una homologación de las conductas gravísimas" de los distintos funcionarios.
Mientras tanto, está el dolor de las familias de los muertos entre los escombros que dejó el coche bomba, que no pierden la esperanza en encontrar en la Justicia la verdad que durante un cuarto de siglo viene faltando.
"Nunca va a haber una condena ejemplar ni nada que me satisfaga, porque lo menos que hubiera querido es llegar a esta instancia. Pero como esta instancia es necesaria, creo que sería lo máximo de condena para estos delincuentes. (…) Todos ellos pactaron para que no sepamos la verdad", dijo Adriana Reisfeld.
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Según expresó a Sputnik Ginsberg, tras la lectura del fallo se puede decir que hubo cosas que fueron "bien y mal", esto último particularmente a la luz de la absolución de varios de los imputados
"Bien porque efectivamente hubo condenas. Mal porque pasaron 25 años [desde el atentado y casi] 20 años desde el [primer] juicio que se inició. De alguna manera la sensación que seguimos confirmando es que de acá no vamos a obtener justicia", dijo.
Volver a hacer denuncias por la falta de voluntad de la Justicia para investigar a la inteligencia estatal y a otros actores implicaría mucho tiempo más. Para Ginsberg, esta causa "es el fin de una etapa". Se abre otra, no en los tribunales. Desde Apemia, reclaman una comisión investigadora y la apertura de los archivos secretos.
Sin embargo, mirando el vaso medio lleno, al menos "hubo condenas", apuntó. De momento, queda esperar si se mantienen firmes o si en otras instancias —apelaciones, recursos— se revierten.
"Y está el tiempo, que invariablemente viene pasando y lo único que hace es sumar más años a la impunidad de 25 que ya llevamos", concluyó Ginsberg.
