La explosión de violencia organizada que vive México desde hace 13 años ligada al combate frontal al crimen organizado como estrategia de Estado, ha cosechado más de 250.000 asesinados y 30.000 desaparecidos. Todas esas personas tienen familias que fueron afectadas por la violencia que, de un momento a otro, cambió su vida para siempre.
A seis años de la aprobación de la ley, familiares de desaparecidos, asesinados e incluso algunas víctimas directas de la violencia organizada, denuncian que la tarea de la CEAV no ha sido satisfactoria y reclaman que se revise la actuación de sus responsables.
Jaime Rochín del Rincón es el comisionado actual de la CEAV. Fue electo en 2017 para durar tres años en el cargo, hasta el próximo 2020. Rochín explicó por medio de un comunicado al que accedió Sputnik que tanto la ley como la comisión "son fruto de la lucha de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil para la creación de una política nacional de atención y acompañamiento en la materia".
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Sostuvo a su vez que la comisión que dirige es el reconocimiento de que el Estado tiene una "deuda con la ciudadanía" y con más de 20.000 personas que componen el Registro Nacional de Víctimas, es decir, a quienes el Gobierno reconoció como tales. Dentro de este universo, la variedad de casos es inmensa. Claudia Hernández tuvo una hija que fue víctima de trata durante 10 años de su vida, desde que tenía 14.
"El año pasado Erika fue llevada a Tijuana para la trata de personas allá. Escapó de su tratante como pudo. Llegó a México embarazada e inmediatamente empezó a recibir amenazas de muerte. Erika desapareció durante tres meses, lo que le restaba del embarazo, hasta que la encontramos sin vida y sin el bebé", contó Hernández a Sputnik.
Hernández afirmó que durante los pocos meses que Erika estuvo en la Ciudad de México acudió a la CEAV a solicitar ayuda pero no la logró. "Erika empieza a denunciar y vino a solicitar el apoyo psicológico y de abogados, pero se le negó. Las amenazas se hicieron más frecuentes y ya tiene seis meses que la encontramos sin vida. Aún no sabemos nada del bebé", relató su madre. Erika tenía 23 años al momento de ser asesinada.
Para Edgar Ramírez, quien también estuvo presente en la protesta, la situación es diferente. Él fue baleado por policías federales cuando transitaba en su ciudad, en el estado de Zacatecas. "Los policías federales estaban esperando unas personas que se dedican a la delincuencia. Yo me incorporé a la calle atrás de un vehículo sin saber quiénes eran, cuando empezaro a rafaguearlo", relató a Sputnik.
"A mí me bajó un policía federal y me dijo si traía armas, yo le dije que no. Me empezó a interrogar, pero cuando volvieron a balacear al carro de adelante, el policía se asustó y yo también; quise darme vuelta para esconderme de las balas tras mi camioneta y el oficial me soltó una ráfaga. Me perforó un pulmón y a un costado de la columna me pasó otra bala", contó Ramírez sobre el hecho que lo transformó en una víctima del Estado mexicano en 2012.
"Tengo tres años con la CEAV y no he visto solución suficiente. Quiero que se dé a conocer el mal actuar del ministerio de Zacatecas, que haya justicia, más que nada", contó el hombre que tuvo en peligro su vida sólo por estar circulando por la calle.
Mientras Jaime Rochín, el comisionado de la CEAV manifestó que entre el año 2015 y el 2018 su comisión ha entregado 1.000 millones de pesos mexicanos (52 millones de dólares) "por concepto de recursos de ayuda y compensaciones de reparación integral", afirmó también que la institución ha enfrentado "una reestructuración presupuestal" por lo que se espera que esas cifras disminuyan.
Durante la clausura simbólica de las oficinas centrales de la CEAV en la Ciudad de México, dijo a Sputnik que la comisión no tiene aún su reglamento de funcionamiento, lo que complica el avance de ciertas áreas y que tampoco se ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Víctimas, una iniciativa que corresponde al presidente de la República.
"La cámara de Diputados debe citar a comparecer a Jaime Rochín para que rinda cuentas sobre los resultados de su gestión, porque ya tiene dos años a cargo, y que luego evalúe si debe seguir o iniciar un proceso para el cambio de titular de la CEAV", afirmó Renaux a Sputnik.