Una organización de venezolanos 'exiliados' en Miami, creada por el teniente coronel José Antonio Colina, involucrado en atentados terroristas en Caracas en 2003, pidió el pasado 15 de enero al presidente de la Asamblea Nacional que, como 'presidente' de Venezuela "designe una junta directiva de Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en EEUU". La empresa es una de las principales fuentes de divisas de Venezuela y, si consiguieran su objetivo, que pasa necesariamente por la aprobación de Washington, sería un avance importante en la asfixia económica del Gobierno de Maduro.
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Citgo Petroleum Corporation es una refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos de propiedad del Estado de Venezuela y filial de PDVSA en Estados Unidos. Su sede está en Houston (Texas) y es la principal filial fuera del país. Fue propiedad de Occidental Petroleum y luego de la Corporación Southland, hasta que en 1990 fue completamente adquirida por Venezuela.
Durante el Gobierno de Hugo Chávez, a partir de 2005 y hasta 2013, alrededor de dos millones de estadounidenses en 25 estados recibieron el equivalente a 860 millones de litros de gasóleo por un valor de 465 millones de dólares de la petrolera Citgo, en un programa de ayudas sociales que se materializó luego de los huracanes Rita y Katrina en colaboración con la organización Citizens Energy Corporation.
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En agosto de 2018, un juez federal de EEUU autorizó a la canadiense Cristallex International Corporation, una compañía minera extinta, a apoderarse de acciones de PDV Holding, una de las sociedades que posee Citgo, por derechos mineros perdidos en territorio venezolano. Caracas consiguió evitar que la minera canadiense se hiciera con Citgo al abonar los 1.200 millones de dólares que reclamaba.
La presión contra Venezuela se está incrementando de forma exponencial. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, integrada por 'chavistas críticos' que en otros momentos se posicionó contra algunas decisiones de Maduro, libró un documento en el que denuncia que EEUU y sus aliados como el Grupo de Lima y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pretendan "imponer la tesis del 'Estado fallido' al demostrarse, según ellos, la 'ilegitimidad de origen' del presidente, para luego justificar su intervención en Venezuela, siguiendo la ruta de la creación de un 'Estado paralelo', como hicieron en Libia".
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Recuerdan que el secretario general de la OEA, el vocero más conspicuo de Trump, participó directamente en la campaña electoral llamando a no votar en las pasadas elecciones "con el fin de desconocer su mandato y proclamar el 'vacío de poder' a fin de darle 'legitimidad' a un Gobierno paralelo impuesto por EEUU".
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Este TSJ consta de 33 magistrados juramentados en julio de 2017 por la Asamblea Nacional durante la crisis generada por las protestas de la oposición, cuyos miembros residen en Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos.
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Este 'Estado paralelo', al que parece estar apostando la estrategia de EEUU, puede derivar en un conflicto interno de hondas consecuencias para Venezuela y la región. El Grupo de Lima obedece a la hoja de ruta trazada por EEUU, que hace aparecer a estos gobiernos como la 'comunidad internacional' que busca estrangular al Gobierno venezolano para, como señala la Plataforma, "colocarlo frente al dilema de negociar su rendición o enfrentar la ofensiva final de la alianza EEUU-UE-Grupo de Lima en marcha".
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Como puede observarse, tanto el flanco occidental como el oriental de Venezuela estarían afectados por una desestabilización que puede desembocar en intervenciones militares o en desestabilización promovida por actores armados irregulares, en particular provenientes de Colombia.
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Hay varios proyectos destituyentes en curso, algunos apuestan a la sublevación de sectores de las Fuerzas Armadas y otros a la presión externa. En todo caso, se están creando "las condiciones para que se desencadene un conflicto interno que agravará la crisis y podría conducir a una guerra civil con participación internacional, o en el mejor de los casos, a una negociación, impuesta desde afuera, amenazando la integridad territorial y la soberanía nacional", denuncia la Plataforma Ciudadana desde Caracas.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
