"Es importante que la verdad, justicia y reparación sean explícitamente retomadas en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de Derechos Humanos y, de forma transversal, en el diseño de otras políticas públicas relevantes", dijo Edgar Cortez director del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD).
Los expertos expresaron la preocupación de experimentados juristas, que han representado a víctimas ante organismos internacionales, sobre dos propuestas recientes del nuevo Gobierno: "los anuncios de 'punto final' o 'borrón y cuenta nueva' ante casos de corrupción y violaciones graves a derechos humanos, cometidos por las administraciones anteriores, que supone mantenerlas en la impunidad, y la creación de la Guardia Nacional militarizada".
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Las cinco propuestas que fueron entregadas a las secretarías federales de Gobernación y de Relaciones Exteriores, consisten en crear una Comisión Nacional de la Verdad; un mecanismo internacional contra la impunidad; un nuevo modelo de reparaciones de daños, una unidad federal de Protección a Víctimas y Testigos, y un sistema de participación de víctimas y sociedad civil en el diseño e implementación de todos estos componentes.
Los abogados de víctimas recordaron que durante el segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, celebrado en septiembre, el entonces presidente electo se comprometió a colocar como una de sus prioridades "desarrollar una política pública que garantice los derechos de las víctimas y de la sociedad en general a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición por violaciones graves a los derechos humanos".
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Pese a ello, "dejamos de contar con la asistencia de personal gubernamental durante la celebración de las mesas de trabajo acordadas, donde se desarrollaron dichas propuestas", lamentan las organizaciones.
Violencia a gran escala
En el fenómeno de violencia a gran escala, en el marco del combate al crimen organizado durante más de una década, han perdido la vida más de 200.000 personas, hay unos 40.000 desaparecidos, unos 15.000 casos de tortura y decenas de miles de cuerpos sin identificar, cifras superiores a cualquier conflicto armado interno en América Latina.
Exhortaron al mandatario a "realizar las mesas de diálogo que están pendientes con actores gubernamentales a fin de concretar los cinco procesos mencionados, así como su implementación".
Con respecto a la Guardia Nacional integrada y entrenada por elementos de las fuerzas armadas, señalaron que implica "elevar a rango constitucional la militarización permanente del país, lo cual contribuye al recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos contra civiles, no a la construcción de paz".
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Ese escenario nacional de violencia enfrentada con estrategias militares para la seguridad pública "complica la implementación de mecanismos extraordinarios de justicia, verdad, reparación y no repetición en condiciones de seguridad y dignidad para las víctimas y la sociedad civil", puntualiza el documento.
Sin esa política de Estado "no será posible la Cuarta Transformación" del país como el mandatario llama a su proyecto político, que compara con la Independencia, la Reforma que separó a la Iglesia Católica del Estado y a la Revolución Mexicana de principios del siglo XX.
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Las organizaciones señalaron que si el Gobierno cumple con el compromiso público de crear estos mecanismos, López Obrador podrá convencer a las víctimas de que su sufrimiento y la vigencia de sus derechos le importan efectivamente.
