La situación ha empujado al Gobierno del primer ministro Edouard Philippe a anunciar una nueva ley para intentar atajar una violencia que hasta ahora el despliegue policial no ha conseguido frenar. Entre las medidas estudiadas, destaca la creación de un fichero de individuos violentos y la penalización de los participantes en manifestaciones no autorizadas.
De la gloria a la cárcel
Christophe Dettinger, "le gitano de Massy", exboxeador profesional, vivió el primer sábado de 2019 su mayor día de gloria. Durante 48 horas se convirtió en el hombre más buscado de Francia, después de que millones de personas en su país y en el mundo vieron cómo cerraba el paso y hacía recular a puñetazos y patadas a un grupo de gendarmes sobre la pasarela que une el Museo d'Orsay y el jardín de las Tullerías de la capital francesa.
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Dettinger golpeó reiteradamente en especial a un gendarme que deberá permanecer de baja 15 días. Los 91 kilos y la estatura del exboxeador, 1.92, descargaron su furia contra las fuerzas de orden público que pretendían cerrar el paso a un grupo de los llamados 'chalecos amarillos'.
El mismo sábado, un individuo que manejaba un vehículo industrial jaleado por otro grupo de manifestantes, destrozó la puerta principal del Ministerio de Relaciones con el Parlamento y sede del portavoz gubernamental, Benjamin Grivaux, quien tuvo que ser evacuado con urgencia por sus guardaespaldas. Era otro ejemplo del vandalismo creciente entre manifestantes que cada sábado intentan superarse en actos de violencia ya no solo contra el Presidente Macron, sino contra la misma República.
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La revuelta de los llamados 'chalecos amarillos' ha despertado la simpatía y una cierta comprensión de una mayoría de ciudadanos franceses. Pocos, hasta ahora, incluidos periodistas y comentaristas, se habían atrevido a denunciar la deriva violenta, complotista, antijudía y filofascista de muchos de los protagonistas del movimiento de protesta.
Amenazas de muerte a parlamentarios
Muchos diputados del partido de Emmanuel Macron, La República en Marcha (LaREM) pueden testificar sobre el acoso violento que están sufriendo. Así, Bruno Questel, elegido en el departamento del Eure, asistió el 15 de diciembre desde el interior de su domicilio al tiroteo de su fachada por varios 'chalecos amarillos' armados con escopetas de caza. Más tarde, otro grupo de 40 personas rodearon su casa, lanzando cohetes y petardos. Horas antes, los instigadores de la acción habían indicado el domicilio del diputado sobre carteles colocados en la carretera.
No es un caso aislado. Otros representantes electos del partido mayoritario en la Asamblea han visto en peligro su permanencia electoral o han recibido amenazas graves. Mireille Robert, por ejemplo, asistió aterrada a la intrusión de 40 individuos en su casa, a la que quisieron prender fuego. Su colega Benoit Potterie recibió por correo una bala en un sobre con un mensaje: "la próxima, entre los ojos".
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Por supuesto, entre los 'chalecos amarillos' se pueden encontrar todo tipo de personalidades y comportamientos, especialmente cuando no se trata de un colectivo de orígenes e intereses diferentes que claman no representarse más que a nivel individual. El problema es que los llamados coordinadores o representantes de los diferentes grupos de 'chalecos amarillos' no han sido precisamente muy claros en la condena de la violencia exhibida por sus compañeros, si se les puede llamar así. Más bien al contrario; cuando se les reprocha haber dado pie a la violencia desatada en París u otras ciudades, responden diciendo que es la única manera de hacerse oír.
La ignominia de algunos de los más "mediáticos" 'chalecos amarillos' llegó a su cénit tras el atentado islamista de Estrasburgo. Y para demostrar que el "complotismo", además del racismo, la homofobia o el antisemitismo es uno de los componentes de muchos de los 'chalecos amarillos', algunos de esos "líderes" no dudaron en atribuir la autoría del atentado al Gobierno, con el ánimo de intentar desviar la atención sobre la protesta.
El RIC, el llamado Referéndum de Iniciativa Ciudadana, es el nuevo tótem de la extrema izquierda y de parte de los 'chalecos amarillos', a quienes se ha hecho creer que pueden destituir mediante referéndum a un presidente y a un poder legislativo elegido democráticamente por millones de franceses.
La #BBC busca 'la huella rusa' en las protestas francesas: "La redacción me exige sangre" https://t.co/ZQjI9m5Zf8
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 16 декабря 2018 г.
Macron, debilitado; el resto de políticos, también
Emmanuel Macron, es cierto, está muy debilitado políticamente. Ha cedido en algunas de las medidas que consideraba antes indispensables en su plan de reformas. La protesta de los 'chalecos amarillos' le ha obligado a prestar más atención a una parte de Francia que no entraba en el radio d acción de su política reformista y a la que incluso menospreciaba con gestos y frases hirientes. Los 10.000 millones de euros dedicados a calmar la revuelta no serán nunca suficientes para contentar a muchos que han interpretado las dudas y la zozobra del poder como el trampolín hacia el fin de sus penurias o incluso hacia la "revolución".
Macron está tocado y nadie sabe ahora cómo va a poder llevar adelante las reformas anunciadas para 2019: la de las pensiones, la de las condiciones del desempleo y la de la función pública, entre otras. Marine Le Pen y la extrema izquierda le dan por muerto políticamente, pero si bien es vedad que Emmanuel Macron goza solo de un 31% de confianza entre sus compatriotas, sus rivales —fuera del desgaste del ejercicio del poder— lo tienen peor: Le Pen, obtiene un 22%; Jean Luc Melenchon, de La Francia Insumisa, un 18%; el líder de la derecha, Laurent Wauquiez, un 14%, y el jefe de los socialistas, Olivier Faure, un 10%. Son datos de una encuesta de la empresa Harris publicada el 31 de diciembre.
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Mientras las fuerzas políticas intentan encauzar en su beneficio las heteróclitas propuestas amarillas, hay cifras que muestran la otra cara de la revuelta. Más de 50.000 personas están en desempleo parcial como consecuencia de las dificultades en las ventas de los comercios del centro de las ciudades, especialmente de la capital. La cifra de pérdidas desde que empezaron las manifestaciones se estima en más de 4000 millones de euros.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK