El nuevo ministro prometió dar "continuidad" a las políticas de sus antecesores, el exministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann; y el de Justicia, Torquato Jardim, y aseguró que simplemente el ministerio cambia de vestimenta.
El nuevo ministro acordó con Bolsonaro tres objetivos principales: luchar contra la corrupción, contra la delincuencia organizada y contra los índices de violencia que asustan a los brasileños.
Moro, que construyó su fama gracias a su trabajo anticorrupción al frente de la Operación Lava Jato, lamentó que los "esfuerzos judiciales" para acabar con este problema hayan generado en la sociedad la percepción de que la corrupción ha aumentado.
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El juez remarcó que no se puede combatir la corrupción sólo con investigaciones, porque se necesitan políticas públicas más generales.
Moro prometió enfrentarse a los grupos criminales "cada vez más poderosos" y propuso nuevas leyes, estrategias de inteligencia y más coordinación entre diferentes cuerpos policiales.
Aunque asumió que el desafío es grande, recordó que hay precedentes de éxito, como el trabajo del FBI contra las antiguas familias de mafiosos "superpoderosos" o el de los jueces italianos Giovanni Falcone y Paolo Borselino contra la "Cosa Nostra", que siempre usó de inspiración en su labor al frente de la Operación Lava Jato.
Para combatir la violencia, propuso afianzar el legado del Gobierno de Michel Temer al crear un banco de datos nacional sobre delincuentes para mejorar la coordinación entre Gobierno federal y estados, y alabó medidas como la intervención federal en el estado de Río de Janeiro.
Entre febrero y diciembre de 2018 las Fuerzas Armadas asumieron la gestión de la seguridad pública en ese estado brasileño, operación que disminuyó levemente algunos índices de violencia pero que fue criticada de forma prácticamente unánime por los especialistas.
Moro también prometió que no habrá "puerto seguro" para los delincuentes extranjeros en Brasil y que no se negará la cooperación con otros países por motivos "político-partidarios".
Fue una clara referencia al caso del exguerrillero italiano Cesare Battisti, cuya extradición Italia pedía desde hace años y que ahora, después de que la Justicia brasileña ordenara su detención, se encuentra en paradero desconocido.
El nuevo ministro condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) en primera instancia, y sectores de la izquierda consideran que su fichaje por el Gobierno Bolsonaro confirma su parcialidad en el proceso, dado que Lula fue durante un tiempo contrincante del líder ultraderechista en la carrera electoral, antes de que la Justicia vetara su candidatura.
