Los medios se hicieron eco de una nota de los GAAR difundida a través de redes sociales —en particular un canal de Telegram que cuenta con 6.000 seguidores, según informa este viernes el diario La Vanguardia en su edición digital—, llamando a emprender acciones de "boicot" y "sabotaje" contra vías de comunicación, servicios públicos de transporte y vías ferroviarias y zonas industriales, pero también contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sistemas informáticos e infraestructuras clave.
Los GAAR aseguran ser grupos autónomos sin ninguna vinculación con los Comités de Defensa de la República catalana (CDR), organizaciones independentistas de tipo asambleario que también convocaron acciones de protesta para el próximo 21-D, así como con partidos políticos y otras organizaciones soberanistas.
"Nuestra organización", subraya el comunicado, "está pensada para no recibir órdenes, ni directrices de nadie, de manera que si un grupo cae, los otros seguirán efectuando sus acciones de forma independiente."
Según publicó anteriormente El Español, estos grupos cuentan con un manual de acción propio, llamado "El cançoner" (El cancionero), en el que proporcionan instrucciones para llevar a cabo sus acciones, que han de ser "complementarias" a las del "restos de colectivos que luchan y defienden la República".
Sin embargo, algunos independentistas expresaron a través de las redes sociales sus sospechas hacia los GAAR y especulan con la posibilidad de que se trate de una maniobra para avalar las acusaciones de "terrorismo" contra el movimiento soberanista catalán, incluso incitar provocaciones contra la Policía y justificar así una acción penal contra los activistas, o una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que permite al Ejecutivo central, previa autorización del Senado (cámara alta del Parlamento), intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad.
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El artículo 155 fue aplicado por primera vez el 27 de octubre de 2017, el mismo día en que el Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia basándose en los resultados de la consulta soberanista, y fue levantado con la formación del actual Gobierno catalán, presidido por Quim Torra.
Tanto las plataformas como los partidos soberanistas piden a sus seguidores que se informen exclusivamente a través de los canales oficiales y desconfíen de iniciativas de las que se desconoce su procedencia, y apuntan como dato que el grupo de Telegram se creó en una fecha muy reciente, el pasado 4 de diciembre.
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Por su parte, fuentes policiales manifestaron al rotativo catalán que, "aunque se analizan todas las amenazas por inverosímiles que parezcan, no elevarían el grado de preocupación por el surgimiento de este grupo a juzgar por lo que ellos mismos han difundido".
Grupos independentistas, en particular los CDR, anunciaron su intención de protestar en Barcelona el próximo 21 de diciembre con motivo de la convocatoria del Gobierno de España de un consejo de ministros en la ciudad, ya que la fecha del consejo coincide con el primer aniversario de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, celebradas bajo la aplicación del artículo 155, por lo que el Ejecutivo autonómico considera que la decisión del Gobierno español "tiene un punto de provocación."
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En una entrevista publicada el 12 de diciembre, el expresidente catalán Carles Puigdemont hizo un llamado a que las protestas fueran pacíficas.
