"Estamos haciendo todos los esfuerzos para que haya justicia, esta lucha que lleva casi tres años ha sido con la plena convicción de que vamos a lograr justicia, que va a ser difícil y que probablemente sea largo porque el Estado de Honduras no quiere hacer justicia", dijo Zúñiga.
De la audiencia participaron el Copinh, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que siguió el caso judicial, y el Estado hondureño.
"Nosotras tenemos la fuerza de nuestra dignidad, de los pueblos indígenas de Honduras que nos han acompañado, y de los pueblos del mundo que se han indignado ante este asesinato; sentimos que tenemos la fuerza para poder enfrentar este estado dictatorial y a estos poderes que generan violencia en este país", señaló Zúñiga.
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La justicia hondureña tiene que desactivar estructuras criminales que atentan contra la comunidad y contra el Copinh, que ha sido víctima de una campaña de desprestigio en los últimos años, observó.
Además, aseguró, el Copinh cuenta con la protección de las comunidades, "esa fuerza y la de otros espacios del mundo que siguen ejerciendo presión sobre el Estado es nuestra protección ahora".
Cáceres, fundadora del Copinh, fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la CIDH había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
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El contexto político en el que se cometió el asesinato "se negó" durante el proceso judicial, se quejó Zúñiga.
Antes de ser asesinada, Cáceres denunció el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
"Vemos un fallo y una condena al estrato más bajo de esta estructura, queremos a los autores intelectuales, pero también queremos acciones del Estado que ya tiene información y en este juicio se evidenció que hace más de dos años tiene información acerca de algunas de las autorías intelectuales y que no ha hecho nada por hacer procesos legales en contra de esas personas", alertó Zúñiga.
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El caso que finalizó con la condena de siete de los ocho acusados como ejecutores del asesinato de la activista es solo el primero.
La hija de Cáceres considera que la muerte de su madre tuvo tanta repercusión porque "lesiona la humanidad y logró dar esa dimensión y hacer entender a muchos y muchas que el territorio y el cuerpo de las mujeres son espacios a defender y que se defienden simultáneamente".
"Nuestro trabajo y nuestra lucha es lo que ha logrado algún avance en este caso, como víctimas no nos vamos a quedar calladas, vamos a exigir del Estado que cumpla sus obligaciones, vamos a seguir exigiendo autorías intelectuales", insistió.
Dos tercios de los defensores de derechos humanos asesinados en el mundo en 2017 eran latinoamericanos, según el Cejil.
