"Para nosotras era importante era poder contar desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias, quién era esa persona de la que están hablando, esa víctima, esa persona asesinada y darle esa entidad de humanidad, que cuando hablamos de Berta Cáceres, esa persona tenía una historia de vida, tenía una familia, una organización, que había construido durante muchos años una historia y que tenía un futuro proyectado", dijo Zúñiga a esta agencia.
La Sala I del Tribunal de Sentencia de Honduras convocó para este jueves a las 16:00 hora local (22:00 GMT) el fallo del primer juicio por el asesinato de Cáceres.
"Fue importante el poder hablar frente al tribunal, primero como un momento de denuncia hacia el mismo tribunal y hacia las instituciones de justicia de Honduras, que nos expulsaron [del juicio], y poder, dentro de todo, sortear esa expulsión, tomando el derecho que tienen las víctimas de poder hablar; fue un espacio importante poder lograr la denuncia", afirmó Zúñiga, también integrante del Copinh.
Días antes de ser asesinada, Cáceres realizó denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
En su declaración frente al tribunal, Zúñiga hizo referencia a la "expulsión que se da desde el primer momento en el que se empiezan las investigaciones por el asesinato de mi mami, cuando se nos niega por completo la participación en ese proceso que no solo tiene que ver con tener información que se nos negó, sino que también tiene que ver con negarnos los mecanismos que nosotras utilizamos para enfrentar la impunidad y el tráfico de influencias que posiblemente puede haber en un caso como este".
Además, la hija de la activista asesinada dijo a esta agencia que tanto el Ministerio Público como el Tribunal negaron en todo momento el contexto en el que ocurrió el asesinato de su madre.
"[El asesinato] no se reduce solo al hecho del 2 de marzo, sino que tiene que ver con una historia de violencia, de persecución judicial, de persecución a su figura, a su integridad, que tiene su punto álgido en el momento del asesinato, pero la persecución no termina ahí y sigue después con ataques dentro de la comunidad hacia líderes y lideresas que se siguen enfrentando a ese proyecto hidroeléctrico Agua Zarca", explicó.
Persecución
Asimismo, aseguró que esta persecución continúa con campañas de desprestigio hacia el Copinh y en cómo se busca atentar contra el legado y la figura de Berta Cáceres.
"Hablamos de que el asesinato de mi mami se realiza a partir de una estructura criminal en la que hay personas que pagaron, que buscaron beneficiarse con este asesinato, que no están siendo enjuiciadas ahora, que no están siendo capturadas, ni detenidas, ni investigadas y estas personas son la cabeza o la parte principal de esta estructura en la que vemos al estrato más inferior que son los que ahora están siendo acusados", añadió.
Actualmente, nueve personas se encuentran en detención preventiva, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.
Tanto la familia de Cáceres, como el Copinh, sus abogados y organizaciones como Amnistía Internacional, han denunciado que además de juzgar a los autores materiales del asesinato de la activista, como es el caso, se debe juzgar a los autores intelectuales.
Además, su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño por la falta de protección pese a las denuncias realizadas previo a su muerte.
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"Aunque haya capturas y pueda haber condenas no va a haber justicia hasta que los que planificaron y pagaron por el asesinato de mi mami no estén detenidos, y mientras el Estado hondureño no se haga responsable de su culpa, que tiene que ver con la desprotección, con que sus estructuras militares sirven para perseguir a las personas para asesinarlas, como militares activos y ex militares [que] forman parte de este asesinato", dijo Zúñiga.
Además, la activista se pregunta cómo DESA, "una empresa criminal que ha demostrado reiteradamente violación de los derechos humanos elementales del pueblo lenca siga teniendo la concesión de un río sagrado y eso también es parte de la impunidad en este caso".