"Como jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz de La Habana, quisiera compartir con usted las preocupaciones y perplejidades de la gran mayoría de los guerrilleros y sus mandos, y de la gente del común frente a la persistencia del Gobierno del presidente (Iván) Duque en modificar, aún más, el acuerdo que ya fue desfigurado", indicó Márquez en la misiva, revelada por el diario local El Espectador.

En la misiva, revelada parcialmente por el diario, Márquez también recordó a Guterres que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) tiene el mandato de monitorear y verificar lo relativo a garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales que atentan contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en este país.
"En este campo, como usted lo sabe bien, señor secretario general, la realidad es bastante triste", puntualizó.
El informe "Todos los nombres, todos los rostros", publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, sostiene que 226 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año, mientras en 2016 los asesinatos fueron 97 y en 2017 llegaron a 159.
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Por último, Márquez pidió a Guterres que las diferentes agencias de la ONU encargadas de brindar acompañamiento a la implementación de la paz en Colombia se dirijan al Gobierno y le exijan cuentas por los retrasos y asuntos pendientes.
"Notamos en el Gobierno dejadez y ausencia de implementación de lo acordado en materia de reforma rural, reforma política, circunscripciones de paz, sustitución cultivos", indicó el exguerrillero.
La carta de Márquez fue suscrita desde la clandestinidad, ya que a mediados de este año Márquez abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el municipio de Miravalle (Caquetá, centro) en el que se encontraba, tras señalar que estaba sufriendo seguimientos de militares.
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que mantuvieron un conflicto armado por más de 50 años con el Estado, firmaron un Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016 con el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) que llevó a su desmovilización y desarme y su conversión en partido político.