"Uruguay podría entender (si acepta el asilo de García) de que en Perú no se están dando las garantías de un proceso justo y existe persecución política, lo que podría extenderse eventualmente a otros casos (de investigados) que indicarían que para Uruguay no existe estado de derecho en Perú y existe persecución política", sostuvo el catedrático de la Universidad de Lima.
Sin embargo, para García Toma, esto será algo que únicamente se podrá inferir de la decisión del Gobierno uruguayo sobre la solicitud de asilo, pues las resoluciones para estos pedidos se refieren sólo al caso concreto del solicitante y nunca se manifiestan sobre otros asuntos, y menos califican la situación política de un país.
García Pérez busca ampararse en la figura del asilo en base a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son firmantes los estados de Perú y el Uruguay, y el constitucionalista puntualiza que la decisión que tome el país oriental tiene que darse "dentro del marco del ejercicio de su soberanía".
"Uruguay no está obligado a motivar (su decisión), seguramente hará una mención sobre las razones (para conceder el asilo a García Pérez), pero no tiene por qué justificarla ante Perú", asegura el abogado.
En caso de que el gobierno uruguayo decida otorgar el asilo político, el Estado peruano estará obligado a otorgar el salvoconducto respectivo para que el exmandatario abandone el país andino.
"Perú no debería negarse a otorgar el salvoconducto para evitar que se cumpla con el asilo por estar obligado, como firmante del tratado, a cumplir con eso", afirma García Toma.
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Sin embargo, el experto sostiene que Perú "podría negarse dentro de una situación indeseada" que tendría que resolverse en un proceso en el que el Uruguay tendría que "hacer valer su competencia" ante la Corte Internacional de La Haya.
Alan García está siendo investigado por la Fiscalía de Perú por haber recibido, presuntamente, cerca de 8 millones de dólares de la empresa Odebrecht como sobornos por la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, obra ejecutada durante su mandato.
El expresidente ha argumentado que está siendo víctima de una persecución dentro de un proceso judicial donde no existe imparcialidad.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha negado que en su país exista persecución política y ha afirmado que su gobierno estará entregando la información acerca de Alan García "a más tardar el martes [20 de noviembre]" para que el gobierno uruguayo realice sus consideraciones.
La presidencia de Uruguay ha dicho, por su parte, que tomará una decisión sobre el asilo una vez que Perú le remita la información correspondiente.
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