"Una expulsión forzada o la repatriación de los refugiados y solicitantes de asilo a su país natal sería una clara violación del principio jurídico básico de no expulsión que prohíbe la repatriación a lugares donde existen amenazas de persecución o muerte, o amenazas para la libertad o integridad física de un individuo", dijo Bachelet en un comunicado difundido este 13 de noviembre por el servicio de prensa del organismo.
De esta manera, Bachelet comunicó que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sigue recibiendo informaciones sobre asesinatos, desapariciones, detenciones extrajudiciales de los rohinyás que permanecen en el estado birmano de Rakáin, así como sobre restricciones de movimiento, educación y sanidad para ellos.
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En este contexto, pidió al Gobierno de Bangladés que garantice que la repatriación se celebre en conformidad con los estándares internacionales, sea voluntaria, segura y transparente y que se realice solo cuando se creen las condiciones necesarias.
Bachelet llamó a las autoridades de Birmania a crear las condiciones para el regreso de sus ciudadanos a través de la resolución de los problemas principales que causaron la crisis.
En particular, se subraya, es necesario poner fin a la discriminación sistemática y a la persecución de los rohinyás.
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Más de 700.000 rohinyás, la minoría musulmana del estado birmano de Rakáin, huyeron a la zona limítrofe de Bangladés en poco menos de un año desde finales de agosto de 2017, por el brote de la violencia provocado por un ataque del llamado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (antiguo nombre de Rakáin) contra 30 puestos policiales y las represalias de las Fuerzas Armadas.
El pasado octubre, Birmania y Bangladés llegaron a un acuerdo para repatriar al primer grupo de refugiados rohinyás antes de mediados de noviembre, como parte del plan de repatriación acordado por los dos países a finales de 2017.
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Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana estimada entre 1,1 y 1,5 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes; el conflicto y la crisis humanitaria se agravaron especialmente con la transición política de un régimen militar a uno civil ocurrida entre 2011 y 2012.